Los capos que hayan pagado entre 5 y 8 años de cárcel podrían obtener libertad condicional en virtud de algunas de las ventajas que se considerarían a su favor tras la negociación.
Es por lo menos lo que podría quedar plasmado en un futuro proyecto de ley.
El Ministerio de Justicia, en cabeza del exfiscal general Eduardo Montealegre, avanza en un proyecto de ley para lograr el desarme colectivo de las estructuras de crimen organizado de carácter no político que participan en las mesas de “paz total”, el cual contempla varios beneficios jurídicos, entre ellos, la posibilidad de pagar penas en prisiones de mínima seguridad y salir de la cárcel si ya cumplió cinco u ocho años de condena.
El texto que prepara Montealegre está en etapa de borrador y consultas. De hecho, fuentes le comentaron a este diario que un texto formal y consolidado no existe. “Aún no está construido, se tienen ideas y propuestas pero nada definido, no hay nada escrito oficial”, explicaron.
Lo que se sabe hasta ahora es que aquellos cabecillas de grupos que cumplan con los requisitos de entrega de armas, dejar de delinquir y cooperación judicial, recibirán sentencias de cinco a ocho años de cárcel; pero si ya están presos y cumplieron parte de ese tiempo, podrían aspirar a una libertad condicional, incluso si tenían más años pendientes por pagar en la justicia ordinaria.
En el caso de los integrantes rasos (no cabecillas ni mandos medios), la condena podría ser de dos a cinco años, también con el beneficio de penas alternativas.
El proyecto de ley, tal cual está pensado hasta ahora, incorporaría elementos de la antigua Ley de Justicia y Paz de 2005, con la cual fueron juzgados los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La norma modificada cobijaría a organizaciones como “la Oficina” y los combos del Valle de Aburrá; “los Shottas” y “los Espartanos”, de Buenaventura; “los Mexicanos”, “los Locos Yam”, “los RPS” y “los Zetas”, de Quibdó, que están diálogos con el Gobierno Nacional.
Los beneficios no solo abarcarían a esas bandas de crimen organizado tradicionales, sino también a los disidentes de antiguos procesos de paz de carácter político que continuaron en armas, como “Iván Márquez” y su Segunda Marquetalia, “Iván Mordisco” y el Estado Mayor Central de las Farc, y “Wálter Mendoza” con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
De igual manera, a las grandes estructuras narcotraficantes que, aunque no han consolidado una mesa de paz, sí han participado en acercamientos con el Gobierno, como el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia) y “los Pachenca” (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada).
Inclusive, el proyecto incluye la suspensión de las órdenes de extradición contra los narcos que participen de las mesas.
En lo relacionado con los bienes de los integrantes de estas agrupaciones, el Gobierno pretende que el 65% del dinero y las cosas que entreguen al momento del desarme sea invertido en la reparación a las víctimas; el 20% en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco); y el 15% restante en proyectos productivos para los desmovilizados.
A nivel individual, la propuesta sugiere un aparte escandaloso: que un cabecilla podría conservar hasta el 12% de su fortuna, tras entregar el resto al Estado.
Ahora bien, será muy difícil que el proyecto pase con la nueva mesa directiva del Congreso que se instalará el próximo domingo 20 de julio, hay quienes estiman que esta sería una nueva promesa (como sucedió en campaña) para buscar apoyo para las elecciones de 2026.
Expectativas y política
EL COLOMBIANO consultó a fuentes de los grupos de crimen organizado que participan en las mesas de la “paz total”. Indicaron, bajo reserva de identidad, que el proyecto se recibe con cautela, dado que otras propuestas similares ya se hundieron en las pasadas legislaturas.
Además, ellos esperan que el texto incluya artículos sobre la sedición y la repatriación de los cabecillas que fueron extraditados, dos asuntos álgidos que por ahora no contempla el borrador.
Las bandas del Valle de Aburrá, por ejemplo, proponen que en una eventual cooperación judicial en el marco de un acuerdo, los integrantes puedan brindar “verdad sin delaciones”, es decir, participar en versiones libres que aclaren hechos delictivos, pero sin delatar a sus responsables. Este es otro punto que tampoco define claramente el citado borrador.
Este diario conversó recientemente con el senador Ariel Ávila, quien fue ponente del proyecto de sometimiento de bandas que se hundió en el Congreso en 2023. Desde su perspectiva, no hay ambiente político para que una iniciativa de ese calibre sea aprobada en la nueva legislatura.
“Más fácil que usted y yo tumbemos la luna de una pedrada a que pase una cosa de esas. El Gobierno tiene que sincerarse con esta gente, y esa gente sincerarse a sí mismos, y preguntarles si quieren un mecanismo semicolectivo (usando el principio de oportunidad individual que hoy tiene la ley ordinaria), y el que no quiera, pues levantar la mesa. La mayoría de esas mesas no va para ningún lado”, aseveró el congresista.
El borrador será compartido en los próximos días con diferentes corporaciones jurídicas, para que puedan sugerir enmendaduras y artículos, antes de ser presentado en el Congreso.
Henry Holguín, miembro de la Corporación Sinergia, una de las entidades que hace parte del Comité de Impulso de la Sociedad Civil ante la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá, comentó que hoy habrá una reunión de juristas cercanos para analizar los diferentes escenarios y propuestas.
“Somos conscientes de que hay un ambiente político difícil para la aprobación de un proyecto de esta clase, pero creemos que nuestro trabajo es continuar un proyecto de paz que lleva 30 años, y que no depende de un gobierno. Queremos seguir trabajando sobre los conceptos del acogimiento a la justicia por parte de los grupos armados, y de la justicia restaurativa, para formar a los victimarios y a las comunidades en esto”, dijo.
El integrante de Sinergia, entidad que fue parte activa en los acercamientos que hubo a finales de 2022 entre delegados de la Casa de Nariño y del crimen organizado del Valle de Aburrá, añadió que más allá de las dificultades que puedan presentarse en el Congreso, uno de los factores que tiene en riesgo el diálogo de paz es “la polarización tan grande que hay entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín. Para que esto funcione, es necesario que las dos partes se acerquen y le den un espacio a la sociedad civil, que lleva mucho tiempo trabajando por la paz”.
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