Recientemente, Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, propuso que la administración del Parque Nacional Natural Tayrona quedara en manos de la Gobernación departamental, la Alcaldía de Santa Marta, Parques Nacionales y las comunidades nativas del territorio.
En este contexto, cabe precisar que la confluencia de comunidades indígenas, propietarios de predios, campesinos y pescadores, históricamente ha suscitado dificultades en el manejo de la reserva.
Esta situación se exacerbó a finales de 2019, cuando el Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta ordenó suspender un proceso licitatorio encaminado a entregar la operación de este santuario natural a un privado.
Dicha suspensión fue consecuencia de una acción de tutela interpuesta por los nativos, en donde argumentaban no haber sido incluidos ni consultados sobre la decisión de adjudicar la operación del parque.
Más de un año después de aquel acto jurídico, Caicedo nuevamente manifestó su rechazo frente a la posibilidad de concederle el manejo de esta área a un particular aduciendo un riesgo de privatización.
Nativos coadministradores
En una carta remitida a la Autoridad Nacional de Consulta Previa, el funcionario argumentó que “nuestro mayor patrimonio se encuentra representado en el sistema de conocimiento de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada ( Kankuamo, Kogui, Wiwa y Arhuaco)”.
Por ello, desde su óptica, deberían ser incluidos como coadministradores de la reserva natural.
De esta manera, Caicedo coincidió con Danilo Villafañe, gobernador del cabildo Arhuaco, quien había manifestado que las comunidades nativas deberían ser incluidas en la estrategia de manejo.
De acuerdo con la exposición del líder, la idea consiste en que los nativos puedan administrar los recursos del parque. Esto con el propósito de “reinvertirlos en prevención de su deterioro ambiental y protección de cuencas hidrográficas”.
Aporte a la conservación
Carlos Mauricio Herrera, especialista en Áreas Protegidas y Estrategias de Conservación de WWF Colombia, consideró que “vincular esta gran visión del territorio definitivamente puede generar una serie de aportes para el cumplimiento de los objetivos de conservación”.
Adicionalmente, expuso que los recursos naturales en las áreas protegidas por Parques Nacionales, “son un patrimonio invaluable para todos los colombianos y, por lo tanto, lo adecuado es que se mantenga bajo la administración de una entidad pública”.
De otro lado, a su juicio, existen ciertos servicios que sí pueden atender los privados en la reserva natural, aunque insistió en que todo lo relativo a la preservación del ecosistema debe ser una responsabilidad reservada para la institucionalidad
