En un hecho sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un auto en el que les habla directamente al presidente Iván Duque y a su ministro Diego Molano, para tachar como “graves” las declaraciones en las que el Gobierno se refirió a los niños reclutados como “máquinas de guerra” y exhortarlos a que no repitan ese, ni ningún otro calificativo, que desconozca su calidad de víctimas.
En dicho auto (número 207 de 2021)- conocido por EL COLOMBIANO- la JEP da cuenta que la decisión, además, tiene como base una petición de medidas cautelares realizada por tres organizaciones: la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coliaco), Women’s Link Worldwide y la Fundación PAX Colombia.
Pese a que la Sala no encontró los elementos suficientes para imponer dichas medidas cautelares, sí reconoció que las afirmaciones del Gobierno podían poner en riesgo a dichos menores de edad.
Este diario buscó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa para conocer la postura frente al exhorto de la JEP, sin embargo, no recibió respuesta.
Víctimas del bombardeo
El llamado de la Jurisdicción Especial cobró más relevancia la semana anterior, cuando se conoció que cuatro de las ocho personas muertas durante el bombardeo al campamento del cabecilla del Eln, alias “Fabián”, eran menores de edad.
“El ministro (Molano) ocultó que allí habían muerto tres menores de 17 años y un niño de 13 y calificó el operativo como exitoso, con lo que los situó como combatientes y no como víctimas”, dijo Ana María Zapata, abogada de Coliaco.
En eso concuerda el analista Néstor Rosanía, Director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, quien explica que, según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Estado debe priorizar el rescate de cualquier niño que haya sido reclutado.
“El problema- dice Rosanía- es que el Gobierno siempre ha actuado así”, por lo que, según él, no es una actuación exclusiva de Molano, sino que se ha perpetrado en cada Gobierno durante el conflicto.
Pese a ello, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que aseguró que la Fuerza Pública “aplica el DIH y observa con rigor los principios que lo regulan”. Y agregó que el Eln viola las normas del Derecho Internacional Humanitario e insinuó que el reclutamiento de niños se usa como estrategia para impedir bombardeos.
En todo caso, cabe recordar que la ley colombiana establece que cualquier menor de edad es considerado víctima del delito de reclutamiento, indistintamente de su forma de participación o su rol, según la Sentencia C-506 de 2020
