“Ante las grandes falencias investigativas encontradas por esta administración (la de Margarita Cabello), la única decisión jurídica procedente era el archivo de la actuación disciplinaria”, señaló la Procuraduría General de la Nación, refiriéndose al proceso adelantado contra varios militares por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta “gastos reservados”.
La indagación preliminar cobijaba a miembros (por establecer) del Ejército Nacional, adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica, quienes supuestamente estaban utilizando recursos destinados al pago de recompensas por información que condujera al desmantelamiento de grupos criminales en beneficio personal y de sus comandantes y jefes.
La Procuraduría indicó que la Sala Disciplinaria de la Entidad advirtió en su momento de la existencia de una prohibición normativa para decretar nuevas pruebas en la indagación preliminar, debido a que se agotó el término de seis meses establecido legalmente para esta etapa.
La historia del caso
El proceso disciplinario se inició por parte de la Delegada para las Fuerzas Militares, en diciembre de 2017; posteriormente, el 13 de marzo de 2018 se remitió el expediente al despacho del Procurador General de ese entonces Fernando Carrillo Flórez, al advertir que en las presuntas irregularidades habrían intervenido oficiales del Ejército Nacional en el grado de general.
“El 4 de mayo de 2018 el procurador Carrillo ordenó romper la unidad procesal para que, por un lado, se analizara un posible uso indebido de los gastos reservados y por el otro, una supuesta interceptación de comunicaciones. El 3 de agosto de 2018 se delegó al viceprocurador Juan Carlos Cortés para continuar la actuación”, se lee en el comunicado.
El documento expone que el 18 de agosto de 2018 el Cortés formuló pliego de cargos por presunto uso indebido de los gastos reservados, no obstante, “tres meses después, el 20 de noviembre de 2018, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación por error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad, ordenó además devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar”.
Al reanudarse por esta administración la actuación y analizar el material probatorio allegado, se advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas. “En 2021 precisamente por la irregular y deficiente actuación disciplinaria adelantada por la administración anterior de Carrillo y Cortés, cuya calificación - pliego de cargos - fue declarada nula por violar varios principios procesales, sumado a la mencionada ausencia de pruebas que respaldaran los hechos motivo de investigación, debió declararse el archivo. Ha de aclararse que este procedimiento contra las Fuerzas Militares es especial, con términos definidos y de obligatorio cumplimiento”, concluye el comunicado
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meses duró el proceso disciplinario contra los militares, que fue archivado.
