Llega una semana definitiva para el Congreso y, por lo mismo, el examen clave para la aplanadora que el presidente Gustavo Petro tejió con la alianza de los partidos tradicionales que tanto criticó durante la campaña. Si bien sorteó varios enfrentamientos internos —como el que en su momento puso en riesgo la tributaria y tiene ahora en vilo la reforma política—, el foco está puesto en que de aquí al próximo viernes queden listas las prioridades de la Casa de Nariño y, por los lados, lo que los legisladores consideren debe pasar.
En ese contexto, precisamente, la Casa de Nariño le exigió a su bancada (Pacto Histórico, partidos Liberal y Conservador, Alianza Verde, Comunes y algunos independientes que apoyan al oficialismo) que saque adelante la cirugía al sistema político con el que podría tener unas reglas más afines a sus propósitos electorales para las regionales de 2023.
En efecto, el Ministerio del Interior —la cartera que en cabeza de Alfonso Prada tiene la instrucción de manejar los intereses del Gobierno en el Congreso— tiene un cronograma con las prioridades que busca impulsar esta semana y, en el primer punto, está esa reforma que les abre la puerta a los congresistas para ser ministros, avala el transfuguismo, plantea la financiación plenamente estatal de las campañas y, entre otros aspectos, establece las listas paritarias para los cargos de elección popular.
Esta reforma constitucional, que en 2023 deberá surtir otros 4 debates para ser incorporada al estamento legal del país, no debe tener mayores obstáculos porque, al fin de cuentas, beneficia los intereses políticos de los mismos congresistas.
Aunque hay entusiasmo, casi se enreda por un error en la ponencia para cuarto debate en la plenaria de la Cámara. Resulta que, sin consultarlos, se incluyeron dos artículos previamente rechazados por el Senado —voto obligatorio y reducción a 18 años de la edad para ser congresistas—, lo que dejó a la reforma en el paquete para sacar esta semana de afán.
De hecho, la representante de Alianza Verde Katherine Miranda advirtió que lo que pasó deja en evidencia “errores gravísimos en la presentación de la ponencia, lo cual es un irrespeto a la comisión y puede presentar vicios de trámites para el proyecto”.
Ahora bien, esto no es lo único que quiere tener listo el Gobierno de Petro antes del viernes, cuando se cierra el periodo ordinario de sesiones del Congreso y que, en buena medida, viene coincidencialmente aceitado con el aumento del 7,26% al salario de los Congresistas que decretó el Presidente el pasado 5 de diciembre. Eso dejó su sueldo mensual en $37’880.084.
El juego por sus intereses
Hablando de recursos aquí entra en juego otra de las prioridades de la Casa de Nariño. El jefe de Estado y su Ministro del Interior están muy atentos a que, esta semana, las plenarias de Cámara y Senado le den su visto bueno al llamado presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para las vigencias 2023-2024, el cual tiene un monto proyectado de $29,9 billones. Lo que ha dicho el Ejecutivo es que ese dinero puede ser invertido en proyectos sociales en las regiones, algo –al menos– llamativo que se ejecute en pleno año electoral, pues esta cirugía a las regalías se aplicaría desde el próximo año cuando el país está citado a urnas en octubre.
A esto hay que sumarle que, mientras los congresistas avalan iniciativas que al final terminan inyectando recursos a sus regiones en un año clave para el futuro político del país, en las plenarias del Capitolio debe surtir su cuarto debate la reforma constitucional que les recorta el periodo de vacaciones a los legisladores.
Lo que se busca es que el receso legal de fin de año del Congreso sea desde el 16 de diciembre hasta el 16 de enero, y no como sucede actualmente, que se extiende hasta el 16 de marzo. El lío es que el ambiente para esta reforma constitucional no es del todo positivo, porque varios congresistas creen que esos meses de receso les sirven para trabajar en sus regiones y no son propiamente unas vacaciones.
Otras de las prioridades que tiene esta semana el Congreso, y por la cual podrían recibir algún tipo de beneficio burocrático, es el proyecto que crea el Ministerio de la Igualdad, una cartera que quedará al mando de la vicepresidenta Francia Márquez y con la cual se podría mover un presupuesto cercano a los $100.000 millones anuales.
La iniciativa llegó con mensaje de urgencia desde la Casa de Nariño, por lo que es un hecho que la aplanadora petrista la tendrá lista antes del viernes.
Hay otros temas, como el segundo debate de la prohibición del fracking, que están dentro del paquete prioritario que Roy Barreras y David Racero, presidentes de Senado y Cámara respectivamente, tienen que impulsar en estos 5 días. ¿Qué lograrán?
