El contralor general, Edgardo Maya, advirtió ayer que el gasto público social alcanzó en 2017 una cifra más alta que la recaudación de impuestos de ese año.
Acorde a un estudio que será publicado próximamente por parte del ente de control, el año anterior Colombia destinó 118,5 billones de pesos para sostener subsidios de distinto tipo. Entretanto, en ese mismo periodo el recaudo por actividad económica interna sumó $115,1 billones, según cifras de la Dian.
Al respecto, Maya Villazón advirtió que “nos preocupa no solo que se contrate bien el recurso público, sino que muestre resultados eficientes. Que el gasto que se ejecute sea de calidad”.
Sin embargo, no determinó en qué rubros se repartía esta cantidad de dinero, que llega a ser algo más del 12 % del PIB del país. Como explicación, sostuvo que se trata de “subsidios a la salud, la educación, la vivienda, nutrición, agua potable y saneamiento básico y subsidios al trabajo”, para después recalcar que “si ese gasto no es oportuno, de calidad y eficiente, los resultados no se reflejan en mejor calidad de vida de la población”.
Dentro de su exposición, el Contralor habló de la necesidad de reformar los sistemas general de participaciones, de regalías y de pensiones.
“Todas esas leyes que hoy existen hacen de Colombia una nación inequitativa en la distribución del ingreso”, dijo.
Dudas en las cifras
Según las cuentas del Departamento Nacional de Planeación, DNP, el Estado está destinando a los subsidios sociales alrededor de 72 billones cada año, repartidas a través de 65 programas diferentes.
Las diferencias con las cifras de la Contraloría fueron explicadas de forma no oficial y lo más probable es que dentro del gasto público social, se incluyeron los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
Según el DNP, para este año, por SGP se distribuyeron 37 billones de pesos en educación, salud, agua potable y saneamiento básico y propósito general, una cifra similar a la distribuida el año anterior.
Para el senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolf, quien pertenece a la comisión tercera encargada de temas de hacienda y gasto público, coincidió en dudar de lo dicho por Maya: “Hay que esperar a ver cómo hizo las cuentas”.
“Si vemos las cifras de las pensiones en la fuerza pública, hay 36 billones de pesos, pero de esos, son subsidios del Estado solo 24 billones. Lo demás son aportes del sistema de afiliación”, dijo Navarro, quien agregó que “tal vez las cuentas del contralor no están considerando estos matices”.
Cuentas poco equitativas
No obstante, el senador admitió que sigue tratándose de mucho dinero y advirtió que en la aplicación, hay subsidios que son regresivos, es decir que se capta un porcentaje menor de impuestos en la medida en que el ingreso aumenta. En otras palabras, que es lesivo para quienes menos ganan en el país.
Por eso, llamó a que se pongan las cuentas claras y que se revise que la asignación de subsidios en el país estén bien afinados, de lo contrario, lo sentirán de mayor forma los sectores marginales del país, en los que existe una necesidad cada vez más urgente de la presencia del Estado.
“Le pongo un caso: mucha gente tiene subsidio de salud, pero cuando consigue trabajo, el empleador no lo afilia a salud. Le paga por debajo de la mesa para mantener ese trabajador con asistencia del Gobierno. Hay que revisar ese tipo de eventos”, concluyó.
Solo para hablar del tema de las pensiones, el propio gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, explicó que la cobertura en este tipo de subsidios es muy inequitativa pues la mayoría del dinero destinado a estos auxilios se dan a los estratos 5 y 6. Aparte, la cobertura que no alcanza el 35 % de la población.
Estas declaraciones las hizo durante la instalación del seminario “Alternativas de Reforma Pensional en Colombia”, el día de ayer en Bogotá. En el mismo evento, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, Santiago Montenegro, recalcó que en una futura reforma pensional se deben acabar con los subsidios que se les otorgan a quienes cotizaron con más dinero dentro del régimen de prima media en el país. En este, el valor de la pensión de vejez no depende del ahorro del ciudadano, sino del tiempo acumulado y el salario que tenía.
Un costo alto
Carlos Fernando Martínez, experto en economía y docente del Politécnico Grancolombiano, explicó que estas cifras son definitivamente altas, pero además, muestran que existe una distribución poco equitativa en el país.
“El último gobierno ha sido criticado por su falta de asistencia en las poblaciones más remotas. Por eso vemos una cifra desbordada que no se refleja en beneficios para la población y prueba de eso es el índice de Gini que tiene Colombia”, resaltó.
Este índice, que mide los niveles de inequidad en el mundo, está en Colombia por encima del 0,5, lo que significa que gran parte de la riqueza está acumulada en pocas manos.
Por eso Martínez insiste en que se deben revisar estas cifras de cara a una mejor redistribución de los subsidios en el país .
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