Colombia

Podían estallar 24.000 barriles de petróleo: detalles del secuestro de 79 policías en Los Pozos

EL COLOMBIANO revela pormenores del rapto. Se disparon 3.000 gases y ni así la guardia regresó el cuerpo del policía asesinado. Fiscalía investiga.

El presidente, Gustavo Petro, rindió un homenaje a los 78 policías que fueron secuestrados por la guardia campesina. FOTO Cortesía Presidencia

12 de abril de 2023

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A las 5:40 de la mañana llegó el primer mensaje de alerta a la Policía de Caquetá: 400 hombres estaban atacando el complejo petrolero de la empresa Emerald Energy “de forma violenta, por vías de hecho y en concurso de diferentes conductas delictivas”.

Esas palabras hacen parte del informe de 27 páginas entregado por el Ministerio de Defensa al Congreso –al que tuvo acceso EL COLOMBIANO– sobre el secuestro de 79 policías ocurrido el 2 de marzo en Los Pozos, zona rural de San Vicente del Caguán. Esa vez falleció el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto a quien el presidente, Gustavo Petro, le rindió un homenaje este martes.

Ese reporte se suma a otro de 9 páginas del Ministerio del Interior y juntos dan cuenta de la odisea que vivieron los policías en el rapto de 30 horas del que fueron víctimas después de que la guardia campesina “Lozada-Guayabero” arremetiera contra ellos cuando intentaban frenar la toma a la sede de la petrolera.

Fue tal el entorno de peligro en el que terminaron los 78 policías de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden –la Undmo con la que el Gobierno reemplazó al Esmad–, que el documento del Ministerio de Defensa reconoció que hubo una “altísima amenaza” de que se presentara un gran incendio.

Y es que los manifestantes atacaron las instalaciones con explosivos de fabricación artesanal pese a que en el lugar había 24.784 barriles de crudo y 3.292 barriles de diluyente, todo un cóctel de líquidos altamente inflamables que podían detonar si una llamarada lanzada por la guardia caía cerca de uno de los 28.076 recipientes con esos fluidos.

Al subintendente Monroy Prieto los manifestante lo atacaron de forma violenta, causándole la muerte casi que de forma inmediata y su cuerpo se lo llevaron sin permitir que el resto de uniformados que estaban en el operativo pudieran recuperarlo. Solo un día después las autoridades accedieron a sus restos porque la Guardia no dejó, ni siquiera, que el personero municipal mediara en esos hechos.

El asedio fue tan duro que el reporte de la cartera de Defensa indica que hasta el momento del asesinato del subintendente la Undmo había agotado 3.000 cartuchos de gases lacrimógenos, el único arsenal que tenían para defenderse desde que la Casa de Nariño transformó sus tareas para llevarlos a cumplir funciones de orientación, lo que les impide portar armas para su defensa.

De ahí que hasta el mismo mandatario pidió una investigación sobre lo sucedido en Los Pozos, durante el discurso que dio el martes en la ceremonia de honores a la unidad que fue secuestrada por los manifestantes.

“El proceso de todos los que allí cayeron lo tiene la Fiscalía. Les he pedido la individualización, para que proceda la investigación penal. Y estamos a la espera de sus resultados”, reclamó Petro. Los presuntos delitos que indaga el ente acusador son homicidio agravado, secuestro, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Ese 2 de marzo, asediados y desarmados, los 78 policías quedaron incomunicados. El último llamado de auxilio desde Los Pozos al exterior llegó al celular del Comandante de Departamento, en el que un uniformado reportó que los campesinos habían agrupado a todo el personal, los despojaron de sus elementos de protección (casco y protector corporal) y les quitaron los radioteléfonos de comunicación.

La respuesta de la Fuerza Pública fue enviar desde Putumayo un contingente de 34 hombres de Undmo a Los Pozos, pero ellos no pudieron ingresar a la zona. También mandaron a otras 17 unidades directamente desde el comandante operativo de Undmo, pero tampoco entraron.

Ese mismo día arribaron al lugar cinco delegados del Gobierno. A las 4 de la tarde comenzaron los acercamientos con los secuestradores y solo pudieron concretar la liberación de los 78 policías y los 9 trabajadores de Emerald Energy el día siguiente, a las 4 de la tarde del martes 3.

Pero la crisis en Los Pozos, si bien estalló en los primeros días de marzo, venía desde hace semanas atrás. Las protestas empezaron en febrero y los días 6 y 18 de ese mes la Alcaldía había pedido apoyo para contener la movilización. Esa ayuda solo llegó hasta el día 19 y los 2.347 elementos de defensa que les entregaron a los uniformados a cargo de esa misión–entre cartuchos, granadas y fusiles de gas– se les agotaron para el momento de la gran toma de la guardia campesina.

Pese a esos hechos, el Ministerio de Defensa sostiene que no se presentó una reacción tardía para atender al personal retenido y la cartera del Interior ha sido enfática en señalar que los hechos fueron protagonizados por la guardia campesina y no por la guardia indígena.

Desde el Gobierno no usan el término ‘secuestro’, sino el de ‘cerco humanitario’ y todo este compendio de sucesos serán analizados en los próximos días en el debate de control político a los ministros Alfonso Prada e Iván Velásquez.

“Hubo falta de diligencia y una falta de respuesta inmediata”: representante Luis Miguel López Aristizábal

Al conocer las respuestas del Ministerio del Interior y de Defensa, ¿ve una responsabilidad del Gobierno en el secuestro de los policías y la muerte de uno de ellos?

“Sin desconocer la competencia de las autoridades encargadas de la investigación de los lamentables hechos ocurridos el 2 de marzo, lo cierto es que en las respuestas suministradas por el Gobierno se puede evidenciar que hubo falta de diligencia en algunos procedimientos y una falta de respuesta inmediata para aumentar el pie de fuerza en la zona cuando la situación se agravó, lo cual le debe responder algún tipo de responsabilidad al Ejecutivo por si inacción. Igualmente, se pudo conocer que desde el 11 de febrero de 2023 se venían adelantando diálogos entre los manifestantes, y que la misma Procuraduría ya había adelantado el peligro en la zona, por lo que no se justifica que siendo una situación predecible el Gobierno no haya tomado las medidas para evitar que el conflicto se aumentara”.

Desde la Cámara ustedes le preguntaron a los ministros si la Guardia Indígena de la zona tiene relación con algún grupo armado. Con la información que se tiene hasta ahora, ¿ve indicios para relacionar el secuestro de los policías con el accionar de un grupo armado al margen de la ley?

“No me corresponde determinar con certeza alguna incidencia de un grupo armado al margen de la ley en lo ocurrido en San Vicente del Caguán y mal haría en generalizar, pues según los reportes de las autoridades las manifestaciones fueron promovidas por asociaciones campesinas inconformes con los incumplimientos del Gobierno. Sin embargo, se tiene conocimiento de que la Fiscalía ya adelanta investigaciones por conductas comunes de los grupos criminales, como secuestro y portes de armas de fuego.

Además, según información del mismo Ministerio de Defensa ese 2 de marzo varios hombres arremetieron en contra del complejo petrolero de forma violenta, por vías de hecho y en concurso de diferentes conductas delictivas lanzando de forma indiscriminada elementos contundentes y elementos incendiarios fabricación artesanal, bombas molotov, tanto a los funcionarios de la Policía Nacional como a los trabajadores de la empresa. Estas conductas tan graves deben llevar a pensar seriamente en la participación de grupos ilegales, pues para nadie es un secreto que en muchas ocasiones se aprovechan de las manifestaciones sociales legítimas para incorporar intereses ocultos”.

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