Con el fin de que los militantes de las bandas criminales y de los grupos armados ilegales comiencen a ver alternativas para dejar su actividad ilícita, lo cual no implica abandonar la estrategia militar que es potestad del Estado, el Gobierno presentó este viernes los lineamientos de una política pública de sometimiento.
En efecto, garantías de seguridad y apoyo económico hasta por 7 años hacen parte de los beneficios que ofrece ahora el Gobierno, para que los miembros del Clan del Golfo, del Eln y de otras estructuras ilegales salgan de esas filas irregulares. Es parte de la estrategia con la que buscan desarticular a estas estructuras.
De hecho, el programa tomó fuerza luego de la captura del máximo cabecilla del Clan del Golfo y el capo más buscado del país, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, la cual se ejecutó el pasado sábado en zona rural del Urabá antioqueño.
Juan Camilo Restrepo, alto Comisionado para la Paz, oficializó esta ruta desde Caucasia, Antioquia. Desde esta región explicó que se sustenta en el decreto de sometimiento, firmado en julio del 2020, y con el que se definió una estrategia para que los integrantes del Clan del Golfo y otras estructuras delincuenciales reciban acompañamiento jurídico, social y económico.
El Gobierno ofrece apoyos por 480.000 pesos mensuales por siete años como sustento económico, y un bono de hasta 8 millones de pesos de capital semilla para emprender un negocio legal.
La campaña de desmovilización también está dirigida a disidentes de las Farc y miembros de la guerrilla del Eln, dispuestos a abandonar actividades ilegales.
Este proceso no significa un borrón en el pasado judicial de los implicados, cuyos casos serán analizados por la Fiscalía, para determinar acciones por cada responsabilidad, pero sí mayores garantías de acompañamiento jurídico.
El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que en la última semana se acogieron a esta ruta siete integrantes del Clan del Golfo, por lo que se espera que otros se sumen y así desajustar sus estructuras.
Sin embargo, en el Bajo Cauca antioqueño se mantienen los operativos militares contra esa agrupación y se mantiene la alerta por posibles retaliaciones contra la Fuerza Pública.
