Uber insiste en funcionar en el país. Ayer se conoció una solicitud de disputa que envió el representante legal de la empresa, Miguel López, al presidente Iván Duque; al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y a María Paula Arenas, directora de Inversión Extranjera y Servicios. Uber argumentó que la decisión de la SIC –que además de prohibir la operación de la aplicación impuso una sanción económica– sería discriminatoria y violaría el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.
Para sustentarlo, López criticó que la decisión se diera un día antes del inicio de la vacancia judicial, “con la aparente intención de precluir inmediatamente para evitar la apelación”, y que otras empresas que operan en el país no estarían siendo tratadas del mismo modo que Uber.
El factor TLC
Esto habría causado que el Estado colombiano incumpliera varios puntos del tratado de libre comercio entre Colombia y EE.UU. López considera, por ejemplo, que no se dio “un trato justo y equitativo” ni se garantizó la protección de Uber como inversionista y que se habría tratado de manera menos favorable, en comparación con otras plataformas.
En la carta que envió a las autoridades colombianas, López argumentó que eran cuatro los artículos que habría vulnerado el Estado del tratado de libre comercio con EE. UU.: los numerales 3, 4, 5 y 7 del capítulo diez del acuerdo, que se refiere a la inversión.
El artículo 3 señala que “cada parte concederá a los inversionistas un trato no menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas”. Algo similar plantea el artículo 4 que incluye a inversionistas de países que no están incluidos en el acuerdo.
Por su parte, el quinto artículo define que el país en el que se realice la inversión, en este caso Colombia, debe garantizar un “trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas”. El último artículo en el que se amparó Uber señala que no se podrá expropiar ni nacionalizar, salvo contadas excepciones y que, en caso de que sucediera, se debe hacer “de manera no discriminatoria”.
Desde antes de que se conociera la solicitud, Uber había manifestado su inconformismo. En un comunicado que se publicó tras la sentencia de la Superintendencia, señaló: “El fallo, contrario a las pruebas, ley, jurisprudencia y conceptos de esa entidad, violó el debido proceso y los derechos constitucionales, ordenando el cese de prestación de servicio de Uber”, e insistió en la necesidad de que se regulen estas aplicaciones.
Un paso predecible
Sin embargo, y a pesar del revuelo que causó el anuncio, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, afirmó que, en estos momentos hay otros doce procesos similares y aclaró que la solicitud es un primer paso en una negociación que, si no es exitosa, podría terminar en un tribunal de arbitramento.
Además, la discusión también se dirige a la insistencia de varios sectores, empezando por la misma Uber, de la legalización de estas plataformas en Colombia.
Gómez enfatizó, entonces, en que el paso a seguir es reunirse con Uber para comprender los argumentos, pues, dijo, “no explica muy a fondo sus motivos”. Aun así, precisó que” el inversionista tiene que cumplir las leyes del país. Aquí la protección no implica cambiarlas para nadie”.
El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dijo, en diálogo con EL COLOMBIANO, que “Colombia se tendrá que sentar en esa etapa para discutir si se viola o no el tratado, pero no se puede sentar a negociar una decisión judicial, más sabiendo que hay una segunda instancia”, que, en el caso del fallo de la Superindustria, es el Tribunal Superior de Bogotá.
Críticas
Nicolás Alviar, representante de Cotech S.A. (que demandó a Uber ante la Superindustria), dijo que no hay una violación a los tratados internacionales. “Lo que hay es un fallo por violación a la regulación interna en materia de transporte y competencia desleal”.
José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de Bogotá, considera que Uber tiene argumentos legítimos que hacen que el Estado deba entrar a reglamentar las aplicaciones antes que negarlas. “La batalla de Uber es también la de otras aplicaciones”.
María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, señala que con las aplicaciones “se requiere establecer una legislación y requerimientos para que haya equilibrio”.
88
mil personas figuran como socios conductores de Uber en Colombia.
