A los escándalos de los presuntos líos de corrupción con los dineros de la paz y de la Sociedad de Activos Especiales, se sumó uno nuevo que tiene que ver con los recursos para indemnizar a las víctimas del conflicto armado.
Según una denuncia de la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, al interior de esa entidad se encontró que había presuntas irregularidades y malos manejos que estarían afectando los dineros que son recolectados para reparar a las víctimas.
Según ella, al interior del Fondo para la Reparación a las Víctimas se encontraron por lo menos 43 lotes, fincas y terrenos de grandes magnitudes que estaban siendo arrendados por entre 4.000 y 100.000 pesos, un valor ínfimo comparado con lo que sería su canon real.
Así mismo, la entidad halló de los 2.346 bienes que administra el Fondo, a septiembre de 2022, más de 900 presentan ocupación irregular, deterioro o falta del cumplimiento del objetivo principal que es la monetización.
A esos líos con los precios y la administración de los bienes, Tobón también añadió otras irregularidades que tienen que ver con los arrendatarios de los inmuebles. Según dijo, varias propiedades le fueron entregadas en arriendo a una misma persona.
E, incluso, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idarraga, reveló que, al parecer, “ hay una gran empresa de 13 grupos familiares trabajando en el Fondo”, lo que sería un manejo irregular.
EL COLOMBIANO le consultó a la Unidad cómo funciona el Fondo y por qué administra bienes. Según explicó un funcionario, dicha entidad es la encargada de administrar los bienes que son entregados por desmovilizados de las guerrillas y paramilitares y de otras propiedades que también son entregados por la SAE, que es la que administra los bienes decomisados del narcotráfico.
“Una vez pasan al Fondo, que es administrado por la Unidad de Víctimas, esos bienes son arrendados o vendidos para que puedan cumplir su fin comercial y generar dineros para financiar los proyectos con víctimas y las indemnizaciones”, detalló.
Sobre todo esto, Tobón Yagarí aseguró que “estamos decididos a defender los recursos de las víctimas y la transparencia de las instituciones” y que, para ello, solicitó una auditoría forense para revisar caso a caso las denuncias que hay en la entidad. En ese mismo orden de ideas, también dijo que le entregó las pruebas que tiene a la Fiscalía General de la Nación.
