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“Estamos regresando a la violencia electoral de los 80”: MOE

  • Imagen del asesinato de la candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García Sierra, quien iba en compañía de cinco personas en este vehículo en zona rural del municipio. FOTO COLPRENSA
    Imagen del asesinato de la candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García Sierra, quien iba en compañía de cinco personas en este vehículo en zona rural del municipio. FOTO COLPRENSA
Colprensa | Publicado el 08 de septiembre de 2019

Contrario a lo que venía pasando en el país en los últimos procesos electorales en que los hechos violentos habían disminuido o se estabilizaron, las ‘alarmas’ de las Misión Electoral, MOE, se han prendido porque en promedio cada día y medio se presenta un hecho de alteración a la actividad política comprometiendo la vida o la seguridad de los candidatos.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, no duda en considerar que lo que está sucediendo se parece a la grave situación cuando fue exterminada en los años 80’s y 90’s la Unión Patriótica, pero con la gran diferencia de que ahora no se afecta a un solo partido sino a todos los que están en competencia por parte de distintos actores violentos.

Barrios llama la atención porque está violencia está llevando a que el seguimiento a los delitos electorales tengan una permanente vigilancia y sanción lo cual ya se estaba logrando.

¿Los recientes hechos de violencia en la campaña electoral llevan a que se haya acabado la ‘calma chicha’ de los últimos años?

“Si se cambió, y se cambió desde el año pasado, estábamos viendo que veníamos a una campaña que iba ser completamente diferente, utilizando otro dicho ‘por el desayuno se sabe cómo va ser el almuerzo’. Desde mediados del año pasado el tema del asesinato, amenazas, atentados a líderes sociales y a líderes comunales empezó hacerse presente, lo que nosotros empezamos a ver con eso y la lectura que hicimos en ese momento y por eso empezamos hacer seguimiento.

La primera alerta la dimos antes del 27 de octubre del 2018; ya como precandidatos se empieza rápidamente a incrementar hechos de violencia hacia quienes estaban pensando postular su nombre. Después el 27 de julio, siendo ya candidatos, uno empieza a ver en las regiones es que esas expresiones de liderazgos sociales que pasaron al ejercicio de la política son los más afectados frente a diferentes hechos de violencia política. Hemos visto que cada día y medio está ocurriendo un hecho violencia política. Nos estamos regresando a una situación de violencia electoral de la década de los 80’s y 90’s, cuando hacer política en éste país era una actividad de alto riesgo”.

¿Es decir, una violencia similar al momento en que se desapareció a la UP?

“Es diferente, es mucho más complejo en términos de violencia, pero no está siendo dirigido frente a una organización política en particular. Hace 30 años hubo la decisión de la ilegalidad de exterminar a la UP, pero hoy no se ve una organización política que esté en un ejercicio sistemático de eliminación de sus candidatos.

En el último corte los partidos con mayor afectación son el Liberal, La U, esto por ser los que más aspirantes tienen. Igualmente, las amenazas han sido para Centro Democrático, la Alianza Verde, el Partido Conservador entre otros. No hay una sola organización política si no dependiendo de la región y la postura del candidato llega la afectación política”.

¿Ésta violencia de qué grupos viene?

“Viene de muchos sectores, cuando se ve la región del Catatumbo claramente se identifica a ‘los Pelusos’, disidencias y grupos ilegales sin ningún tipo de identificación. Se debe tener cuidado cuando se atribuye un hecho a las disidencias porque cualquiera que se ponga una marca que diga Farc, inmediatamente se le identifica así sin serlo. Las disidencias no son las mismas que se tiene en Arauca, Guaviare o las del Cauca, no están estructuradas y se fusionan por grupos.

El narcotráfico también está presente en este proceso electoral y hay algo que hemos resaltado: la relación entre economías ilícitas, financiación de las campañas políticas, corredores y territorios donde están esas economías y el ejercicio de la política. No se puede dejar de lado que si bien el narcotráfico es ilegal es además un exportador ilegal y en este contexto económico actual el incremento del dólar los está favoreciendo y hacen mejores negocios”.

¿Las ‘alarmas’ la MOE las tiene prendidas en este momento para qué regiones?

“Empezamos con todo lo que es la zona del Catatumbo, Arauca y su capital, Nariño, Cauca, Valle y Chocó; También la región del Urabá y el Sur de Bolívar, Los Montes de María”.

¿Tienen identificados en cuántos municipios los candidatos no pueden salir a hacer campaña?

“No tenemos por ahora esa información, estamos haciendo un monitoreo, pero depende de que los candidatos informen. Los partidos deberían ser quienes reciban esa información de sus candidatos. Arauca no es un Departamento pacífico, en Cauca ya enviaron el mensaje, hoy no sé con qué tranquilidad salen los candidatos a hacer campaña. En Chocó ya hay un candidato secuestrado; en el Patía, en Nariño, están evidentes las autodefensas”.

¿A nivel de capitales tiene identificados riesgos para hacer la campaña?

“En Cartagena hubo amenazas a dos candidatos, en Cali está amenazado otro. Cuando eran precandidatos Claudia López y Antonio Navarro sufrieron amenazas en Bogotá. En las capitales es mucho más fácil poder hacer un control de daños, los candidatos tienen mejores esquemas de seguridad mientras que en los corregimientos y veredas no es así.

Nosotros respetamos mucho las alarmas de la Defensoría del Pueblo que tiene alertas en Bogotá, Medellín. Nosotros intentamos no sacar una alerta de riesgo para toda la ciudad sino las condiciones que tiene el candidato en sectores de la misma. En el caso de Bogotá las localidades, porque no es lo mismo Teusaquillo que Sumapaz. En Bogotá no se han recibido alertas de amenazas, pero eso no significa que no haya presencia de grupos ilegales. Lo que sí vemos es que en las capitales se dan muchas amenazas a través de redes sociales, y sobre esto tenemos muy claro que las redes legitiman con el discurso del odio el gatillo que se hala”.

¿Consideran ustedes que será necesario cambiar puestos de votación para el 27 de octubre?

“Estamos convencidos de que el esfuerzo que se viene haciendo desde hace diez años para no cambiar un puesto de votación es grande. Cambiar un puesto de votación es una derrota para el Estado, si se hace es decirle al ilegal que ganó, usted ganó aquí. Estos no se mueven en las grandes ciudades, en los municipios medianos, los que se mueven son los que están en corregimientos y afectan a sus habitantes.

La decisión debe ser mantenerse los puestos protegiendo la vida de los jurados y de los mismos ciudadanos. Se debe mandar el mensaje de que el Estado hace presencia para que la gente pueda ir a votar”.

¿Ésta violencia se está dando por los ilegales con el propósito de imponer sus candidatos?

“No sé qué tantos intereses políticos de poner a uno u otro candidato en 117 mil postulados, pero lo que sí es claro es que están enviando el mensaje de que son ellos los que tiene la capacidad de dominar el territorio, por eso digo que nos recuerda la década de los 80’s y los 90’s.

No se tiene que matar a más de un candidato o lanzar granadas a las casas de los aspirantes, con un solo atentado inmediatamente los otros candidatos entienden el mensaje de que con lo que hay que hablar después, si ganan, en con ellos, porque si tienen capacidad de afectación.

El mejor ejemplo es Suárez, Cauca, en donde mueren dos candidatos, el mensaje tanto para los aspirantes de ese municipio y de la región es claro para ellos quienes dominan el territorio. En estos momentos estamos viendo es quien quiere tener el poder de la región y ese es el mensaje que envían”.

¿Estos hechos de violencia están tapando los delitos electorales?

“Claramente retrocedimos. Lo que nosotros sí pudimos hacer el año pasado es que los informes de violencia estaban casi estáticos. Por eso decíamos que al correr esté telón al fondo estaban los delitos electorales, la compra de votos, el ofrecimiento de bienes y servicios por parte de funcionarios públicos para favorecer determinados candidatos, constreñimiento al elector, presión para que los funcionarios voten por un determinado candidato o la imposición de jurados de votación para presionar la contabilidad de los votos.

Esto llevó a una reforma legal y nuevos delitos penales, por ejemplo, la Fiscalía está estudiando la tentativa de inscripción para los casos en que el candidato estaba inhabilitado para la inscripción. Ya no solo es administrativo, ahora se estudia la responsabilidad penal”.

¿Por lo identificado por la MOE cuál sería la región en que se estaría comprando más votos?

“Hemos recibido información de casi todas las regiones de que hay ofrecimientos de bienes y servicios a cambio del voto o de que hay la compra del sufragio”.

¿Es preocupante que el Consejo Nacional Electoral siga aún en este momento estudiando la legalidad de inscripciones presuntamente viciadas?

“Los preocupante es que las inhabilidades para ser candidatos están regadas en diferentes leyes, no es claro todas las que se tienen ni los tiempos que se tienen sobre las mismas. Acá hace un trabajo muy importante la Ventanilla Única y la Procuraduría cuando informa sobre los inscritos. El CNE tiene que tomar decisiones prontas porque antes de final de septiembre debe quedar lista la tarjeta electoral”.

¿Qué tipo de sanciones le podrán acarrear a los partidos inscribir candidatos inhabilitados?

“La sanción le va al partido y pueden ir desde sanciones hasta multas económicas o incluso la cancelación de la personería jurídica”.

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