La masacre de 58 reos en la penitenciaría de Uribana, en Venezuela, el pasado 25 de enero, es apenas un capítulo del impresionante drama que viven los reos en Venezuela, en donde entrar a la cárcel es casi una sentencia de muerte. En diálogo exclusivo con EL COLOMBIANO, Humberto Prado, d irector del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), desnuda la crisis.
¿Qué está pasando con los penales venezolanos?
"Hay un alto grado de corrupción entre los militares y los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, además de una grave situación con la formación del personal pues, aunque los estándares internacionales indican que debe haber diez internos por cada funcionario de seguridad, en Venezuela hay 100 reclusos por cada funcionario".
¿Cuánto vale mantener a un recluso en Venezuela?
"En Europa se invierten 80,5 dólares diarios para la manutención de cada preso; en E.U., 46 y, en Colombia, 20. Pero, en Venezuela se invierten sólo tres dólares diarios por reo".
¿Cuál es la magnitud del hacinamiento en Venezuela?
"El país tiene una capacidad instalada para 16.500 internos pero, en la actualidad tenemos 48.434. Eso es un excedente en el número de reos del 293 por ciento. Lo grave es que sólo el 30 por ciento de esa población ha sido sentenciada, y el resto está en prisión preventiva".
¿Qué tanto influye la criminalización de delitos menores en ese hacinamiento?
"Nosotros caímos en el problema de Colombia, México y Brasil, países que se pusieron a reformar el Código Penal y, en el caso de Colombia, pasaron en diez años de 59.000 presos a más de 115.000. En Venezuela van ocho reformas al código, y ya pasamos de 19.000 reos (en 2000) a más de 48.000".
¿Qué opina del trabajo de la Ministra del Sistema Penitenciario, Iris Varela ?
"Ni ella ni quienes la rodean conocen el sistema penitenciario ni la política criminal, lo que no les permite atacar los problemas estructurales ni prestar el servicio debido a las personas privadas de la libertad. Se limita a aparecer en los medios tras situaciones de violencia en los penales y a culpar al capitalismo y a las ong de derechos humanos, cuando es ella quien debe garantizar que el interno llegue a los tribunales para ser juzgado y asegurar su vida".
¿Y cuáles son las consecuencias de esa gestión?
"Improvisación al impulsar políticas en un frente en el que hablamos de vidas humanas. Son personas que cometieron un delito y ya lo están pagando en las prisiones, y más en las nuestras, en las que se pagan penas accesorias como dormir en el piso, comer con las manos, ser robado, violado, secuestrado o asesinado. Incluso se deben pagar 100 bolívares a un pran o cacique para permanecer con vida en ciertas áreas, o llamar la atención de la administración con medidas como coserte la boca, para que te trasladen".
¿Qué soluciones contempla el Estado?
"La Ministra dice que construirá 20 cárceles, pero el problema criminal no se elimina así, sino con estrategias de política criminal, de prevención y represión; reforzando la atención a los jóvenes en alto riesgo, y fortaleciendo la Policía y los órganos de investigación. Pero, por el contrario, en lo que va de gestión de la Ministra, desde el 26 de julio de 2011 hasta el día de hoy, han muerto unos 891 internos".
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