Justo en un año, los colombianos irán a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y las expectativas se centran en la forma en la que culminarán este periodo, tanto en lo político como en su gestión.
Durante los dos años y medio de trabajo, la actividad del legislativo ha estado marcada por escándalos, muchos de los cuales han sido develados por una ciudadanía que ha comenzado a moverse y un sinfín de iniciativas, muchas de las cuales no vieron la luz.
La fallida reforma a la Justicia, que luego de aprobada se reversó para hundirla; la reelección del procurador con tintes de posible clientelismo y uno que otro congresista que puso al país a hablar por sus afirmaciones o actuaciones, son algunos signos de nuestro Congreso de hoy.
Ahora están a un año de culminar su trabajo y este, precisamente, estará marcado por su actividad proselitista, en medio de las presiones del Gobierno para sacar una agenda legislativa en la que el Ejecutivo se juega sus cartas más importantes: reforma a la salud y pensional, el fuero penal militar y la reglamentación de la iniciativa que le daría piso legal y político al proceso de paz que se adelanta con las Farc.
Y para ello, el Gobierno debe mantener el control de la mayoría, representada en la Mesa de Unidad Nacional, en medio de aires divisionistas internos dentro de colectividades tan claves como la U y el Partido Conservador.
La coalición se ha mantenido con el paso de estos años e incluso ha sobrevivido a los escándalos. Y aunque en la última reunión los jefes de los partidos se comprometieron con el presidente a sacar la agenda legislativa, el tema electoral podría echar atrás esa promesa.
Este Congreso, que el 19 de marzo reanudará sesiones, lo tendrá que hacer en medio de un descrédito ciudadano y bajo la lupa de una iniciativa que busca impulsar un referendo para que, en el futuro, el Congreso se pueda revocar.
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