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- La firma B.P. se defiende al citar informe del Ministerio del Medio Ambiente.
- Juzgado civil de Bogotá declaró la perención del proceso en 2002.
- Escucharon a campesinos que demandaron en el pasado a B.P.
Juan Guillermo Duque
Medellín
La reclamación de 60 familias de Segovia y Zaragoza por las afectaciones ambientales de sus predios por la construcción del Oleoducto Central podrían ir a los estrados judiciales de Londres, Inglaterra.
Contra este proceso se había declarado la perención por el juzgado 33 Cívil del Circuíto de Bogotá el 19 de noviembre de 2002, ante la no presencia de la parte demandante ni de sus apoderados.
Sin embargo, el caso volvió a revivirse con la presencia, la semana pasada en Medellín, de un grupo de abogados ingleses, Leighday & Co Solicitor, que entablarían la demanda contra la empresa British Petroleum (B.P.) en la capital británica, de no llegarse a un acuerdo.
Los abogados, reconocidos en Inglaterra por su trayectoria en demandas contra empresas inglesas que generan daños en otros países, recibieron declaraciones personales de los campesinos.
Estos manifestaron que el problema más grande que les generaron fue el acceso al agua, porque ellos eran tributarios del río y perdieron todo y ya no pudieron ejercer la ganadería e incluso la agricultura.
Además, dicen que sus tierras por donde cruza el ducto, fueron erosionadas, lavadas y arrancada la vegetación perdiendo su productividad, con lo que empezaron sus padecimientos económicos.
Sin embargo, el gerente Jurídico en Colombia de la B.P., Orlando Cabrales Segovia, dice que el informe del Ministerio del Medio Ambiente, correspondiente a una visita solicitada por la representante en ese entonces de las familias, Martha Hinestroza, confirma que sí hay unas afectaciones ambientales pero no por la presencia del oleoducto, sino por las actividades del pastoreo y de la explotación minera de aluvión de forma ilegal, que por muchos años se ha realizado en la zona.
El informe dispone que los impactos ambientales denunciados tienen como origen actividades realizadas en la región, como son la tala de bosques y rastrojos, explotaciones mineras y agropecuarias y no por las actividades constructivas y operativas del oleoducto que tampoco afectan las condiciones de vida y las costumbres de la comunidad.
En el informe también se consigna que las intervenciones geotécnicas y ambientales realizadas por la empresa Oleoducto central S.A, Ocensa, como parte del programa de mantenimiento del corredor durante la operación del proyecto son eficientes y cumplen con las funciones de protección y estabilidad del derecho de vía del oleoducto y su área de influencia.
Seguridad
Según declaraciones entregadas por los campesinos al grupo de abogados ingleses el proceso judicial que se había entablado y que fue trasladado de El Bagre a Bogotá fue abandonado por razones de seguridad.
Dicen que uno de sus representantes fue amenazado presuntamente por paramilitares advirtiéndole que no causara problemas.
Agregan que la B.P. los presionó diciéndoles que no pusieran abogados y que recibieran lo que se les ofrecía o que no recibirían nada y que por su desespero firmaron porque no tenían otra opción.
Sin embargo, con respecto a este tema existe una comunicación del programa de Derechos Humanos de la Presidencia que señala la imposibilidad de ubicar a los apoderados de las familias, Martha Hinestroza y Carlos Sánchez, quienes pusieron la queja, para que asistieran a un consejo de seguridad. Además se indagó con la comunidad y manifestaron no conocer de quejas interpuestas al respecto.
Ocensa también concertó con ellos una reunión para tratar el tema y ninguno de los dos se hizo presente.
La abogada Martha Hinestroza salió exiliada de Colombia y tramita asilo en otro país.
Concluye el gerente jurídico de B.P. diciendo "tenemos pruebas de que los campesinos han recibido por el pedazo de tierra como derecho de vía una cantidad que supera ampliamente el valor comercial de todo el terreno".
Un cruce de comunicaciones
La compañía petrolera B.P. rechaza que el caso del Oleoducto Central sea llevado a la justicia inglesa, al argumentar que la colombiana ya se ha pronunciado al respecto.
Abogados ingleses, que apoderarán a campesinos del Nordeste y Bajo Cauca, recogieron versiones de los labriegos en las que estos plantean que registraron pérdidas por los efectos negativos ambientales del oleoducto.
Desde hace siete meses cruzan comunicaciones con la B.P. para llegar a un acuerdo y no tener que ir a un juicio. Las 60 familias que hacen las reclamaciones representan menos del uno por ciento de los predios sobre los cuales pasa el oleoducto.