El Gobierno Nacional "les hará la vida más fácil" a los contratistas y a los banqueros interesados en la construcción del paquete de 32 concesiones viales de cuarta generación (4G), que tiene una inversión estimada de 44 billones de pesos.
Así lo anticipó a este diario Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al anunciar que el próximo lunes se dará a conocer el nuevo modelo de contrato de concesión.
En opinión del funcionario, los cambios que allí se introducirán -sumados a leyes recientemente expedidas y a otras en trámite legislativo- ayudarían a disipar los riesgos que tanto los ingenieros como los intermediarios financieros están viendo en cuatro temas que consideran fundamentales: la obtención de las licencias ambientales; la compra de predios necesarios para construir las vías; las consultas a las comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por estos proyectos y la reubicación de las redes de servicios públicos.
Según José Fernando Villegas Hortal, director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI Antioquia), en el sector financiero hay nerviosismo y no es de buen recibo que los mencionados riesgos estén en cabeza de los contratistas.
"El Gobierno prepara una Ley de Infraestructura y confía en que así solucionará esos impases. Hemos venido trabajando con más de 28 abogados de compañías afiliadas y pensamos que a la ley hay que hacerle algunos ajustes, para mitigar esos efectos".
Aún así, agrega el dirigente gremial, "conociendo el manejo del tema en Colombia, es muy poco probable que la sola ley arregle el problema. Siempre subsisten riesgos que el sector financiero no está dispuesto a correr".
Esas objeciones las ratifica Gonzalo Echeverri Palacio, asesor de Arquitectos e Ingenieros Asociados (AIA), una de las firmas que ha manifestado su interés en participar en las nuevas concesiones viales. El empresario le señaló a este diario que ni los fondos de capital extranjeros ni los bancos nacionales están dispuestos a financiar las concesiones de 4G si los concesionarios deben cargar con los cuatro riesgos anotados.
El Gobierno, que ha conocido estas inquietudes de primera mano, ya les tiene una respuesta. Como punto de partida, Andrade afirma que los citados riesgos ya los venían asumiendo los contratistas y lo que se ha hecho es introducir ajustes que, se espera, contribuyan a una normal ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte.
En el caso de la compra de predios, una ley de 2012 obliga a los jueces a expropiar los inmuebles de aquellas personas que no se ponen de acuerdo en el precio con los contratistas de obra pública. La discusión sobre el valor continúa el proceso civil, pero el inmueble queda liberado y a disposición del concesionario para no entorpecer el avance de las vías. Esa norma entrará en vigencia plena el 1° de enero de 2014, no es retroactiva, pero sí cobijará a las concesiones de 4G que están en procesos de licitación.
Adicionalmente, en la Ley de Infraestructura, que ya fue aprobada por el Senado y sigue su tránsito en la Cámara de Representantes, se incluye un trámite ágil de expropiación de predios, que podrá realizar la ANI.
Y, para mayor tranquilidad, Andrade Moreno anticipa que en el nuevo contrato de concesión de las 4G se establecerá que si el contratista demuestra que hizo todas las diligencias que le tocaban en materia de compra de predios y al final no logró el resultado esperado, esto configurará una causa eximente de responsabilidad. En cristiano, eso significa que el Estado asumirá las consecuencias.
Carreteras, la prioridad
El final de la anterior historia se repetirá en los otros tres factores de riesgo.
En lo ambiental, la Ley de Infraestructura prevé la aceleración de la expedición de las licencias, que no deberían tomar más de seis meses, en opinión de Andrade.
Para evitar sorpresas, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la ANI le ha preguntado qué información necesita en materia de túneles y de allí salió un listado de estudios geológicos e hidrogeológicos que ya se están realizando.
"El derecho de prioridad lo tienen las carreteras", afirma el presidente de la ANI, al introducir el tercer riesgo, o sea la reubicación de las redes de servicios públicos. Eso lo dice la Ley de Infraestructura. Si, por vía de ejemplo, al construir una de estas modernas vías el contratista se encuentra con un poliducto de Ecopetrol, el Estado se encargará de pedirle que haga la reubicación; si esta última no lo hace, podrían venir sanciones para el representante legal de la petrolera. En casos en que las redes hayan invadido el corredor vial, quien pagará será el dueño de esas redes de servicios públicos.
El riesgo más complejo, desde el punto de vista de los contratistas, es el de las consultas que, por mandato constitucional, se deben hacer a las comunidades indígenas y afrodescendientes impactadas por estas obras. Las condiciones para las consultas no han sido reglamentadas y ha sido la Corte Constitucional la que ha venido sentando doctrina a través de sus sentencias.
Ahí se trabaja en dos frentes, según el presidente de la ANI. De un lado, se está elaborando un proyecto de Ley Estatutaria, cuya aprobación es más lenta que una de tipo ordinaria, como la de Infraestructura, por ejemplo, para la que el Gobierno ya tiene asegurado el pupitrazo de los legisladores.
"Perú lo hizo así, y le funciona, considerando que allí hay más comunidad indígena y afrodescendiente", advierte Andrade.
Mientras esa ley llega, el Ministerio del Interior, con base en las sentencias de la Corte Constitucional, elabora un reglamento preciso de esas consultas. El objetivo es acabar con las incertidumbres que en materia de tiempos y resultados ofrece hoy esa figura. El propósito, dice Andrade, es evitar dilaciones, que igualmente entraban el normal desarrollo de las obras. De nuevo, como en los otros casos, si el contratista no logra ese trámite, se considerará una causa eximente de responsabilidad.
Y aún hay más...
"Y, por fuera de todo, también hay varios seguros adicionales", expresa con satisfacción Andrade Moreno.
El modelo de contratación de las concesiones de 4G establece las Unidades Funcionales (UF), término sofisticado que se puede traducir como tramos de los proyectos, con inversión no inferior a 50 millones de dólares, que el contratista debe entregar listos para operar, y que le permiten recibir los pagos del Estado.
El presidente de la ANI menciona que ninguna UF se puede arrancar sin tener adquiridos el 80 por ciento de los predios y sin la licencia ambiental. Esa es un garantía también para los banqueros, porque asegura que las obras no se van a quedar a mitad de camino y, a su vez, protege de pérdidas a los concesionarios. La ANI le da libertad al concesionario para que defina cuáles UF arranca primero. Obviamente se despegará con las menos complejas y rápidas, para iniciar lo más pronto posible la recuperación de la inversión y el pago del dinero a los bancos.
Con respecto a la financiación, vale decir que los constructores han sido un tanto escépticos sobre el financiamiento de los 44 billones de pesos que valen las concesiones de la 4G.
Andrade, en cambio, es más optimista y recalca en que si ese hubiera sido el punto de partida del Gobierno, pues simplemente no se le habrían metido a un plan de inversiones que no tiene punto de referencia en la historia nacional.
Su pálpito es que sí habrá capital. Con humor negro recuerda que, al comienzo, lo criticaban porque quería entregarles estas billonarias concesiones a los fondos de inversión extranjeros. Ninguno de peso estuvo en las manifestaciones de interés por las primeras megavías que se están ofertando. Eso le sorprendió, pero cuando les preguntó a los fondos éstos les dijeron que se están reservando para el momento en que se pase de diez calificados para licitar, a uno que sea escogido como ganador. Andrade les cree, pero a los ingenieros constructores les parece "chimba" esa respuesta. El tiempo dirá quién tiene la razón.
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