Una organización clandestina e ilegal sería la que adelanta una sistemática persecución, con amenazas de muerte, contra analistas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Defensoría del Pueblo.
Estos analistas, por medio de denuncias y estudios en terreno, son capaces de predecir dónde se presentará una violación a los derechos humanos. Y aunque ellos han podido vaticinar catástrofes humanitarias como las masacres de Bojayá y la de los indígenas awá en Nariño, parece que para muchos su trabajo resulta inconveniente y estorboso.
En enero de este año la defensora comunitaria de Bajo Atrato tuvo que salir de la región por las amenazas.
En mayo se conoció en Cesar, Guajira y Magdalena un panfleto del Bloque Norte de las Águilas Negras en contra de la Defensoría, Acción Social y la Personería.
Luego, en algunas zonas del sur de Bogotá circuló otro texto similar firmado por el Bloque Metropolitano de las Águilas Negras, donde amenazaban a los funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas que advirtieron sobre la vulnerabilidad de los habitantes de las localidades de Soacha, Ciudad Bolívar y Bosa.
El 31 de julio pasado se recibió la amenaza más reciente. La víctima es Yezid Beltrán, analista del SAT para el Eje Cafetero, quien ha advertido sobre los riesgos que corren las comunidades indígenas emberá chamí de Riosucio y Supía (Caldas), y sobre la amenaza de viejas estructuras paramilitares contra la población de esa región.
Según el panfleto firmado por las Águilas Negras, y en el que amenazan también a Guillermo Castaño (presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Risaralda) y a Mauricio Cubides (del Colectivo Domingo Taborda), estas personas afectan con sus denuncias los preceptos de la Seguridad Democrática.
"(...) convocamos a todos los miembros que son fieles a nuestra causa de defender la seguridad democrática y defender al presidente de las calumnias permanentes de ONG que buscan desestabilizar la democracia para que se les persiga y se les dé de baja (...)", dice el panfleto.
No existen las Águilas Negras
Para algunas autoridades consultadas por EL COLOMBIANO, las amenazas vienen de delincuentes comunes, pues según ellas en el Eje Cafetero no existen organizaciones criminales organizadas.
Según el comandante de la Policía de Caldas, coronel John Jaime Ospina, desde que se desmovilizaron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y el bloque Cacique Pipintá, todas las agencias de inteligencia coinciden en que en la zona no hay presencia de paramilitares.
"No se ha podido evidenciar que haya tal organización, ni autodefensas ni los paramilitares y tampoco guerrilla", dice el oficial.
Pero para un funcionario del Gobierno, que pidió reserva de su nombre, "la constante descalificación de la Fuerza Pública de los informes de riesgo del SAT se están materializando en amenazas. En las reuniones aducen que la información de la Defensoría es tergiversada, llena de errores, que atentan contra la seguridad democrática y tildan los discursos de los defensores de derechos humanos como subversivos".
Luz Stella Páez, delegada del Ministerio de Defensa para el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (Ciat) aseguró que esas apreciaciones no son acertadas ni apegadas a la realidad.
"Yo defiendo la institucionalidad y el análisis serio que se hace desde la Fuerza Pública a los informes (...) las instituciones tienen por ley la potestad de desvirtuar o confirmar los contenidos de los informes de riesgo", sostuvo.
Jorge Enrique Calero, coordinador nacional del SAT, señaló que no se tienen pruebas que respalden una aseveración como esa contra la Fuerza Pública y agregó, sobre las amenazas, que ya se adelantan las investigaciones pertinentes y que dependerá de las autoridades dar con su origen.
"La Defensoría ha pedido a las autoridades que investiguen esta situación tan delicada, que se esclarezcan los hechos y se judicialice a los responsables", dije Calero.
El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, señaló en un comunicado de prensa que para la Defensoría estos señalamientos corresponden a una "sistemática campaña de estigmatización por parte de este nuevo grupo armado ilegal contra los defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y sindicales, representantes de organizaciones de población desplazada, organizaciones humanitarias, las cuales se han extendido a los servidores públicos de la Defensoría que laboran en la defensa y protección de los derechos humanos en el país".
Rafael Bustamante Pérez, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, confirmó lo dicho por el Defensor e indicó que sólo entre enero y junio de este año se ha protegido a 550 miembros de ONG defensoras de derechos humanos y a 950 líderes sociales en todo el país.
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