Bandas criminales someten a los habitantes del puerto colombiano de Buenaventura a un régimen de terror y cometen abusos generalizados como descuartizar vivas a personas, denunció este jueves Human Rights Watch.
Buenaventura, en el departamento del Valle, es el principal puerto colombiano sobre el Océano Pacífico para el comercio internacional, y se convirtió en un sitio estratégico para actividades ilegales como el tráfico de cocaína y de armas, según fuentes de seguridad.
"Los grupos sucesores de paramilitares han sido responsables de la desaparición de una gran cantidad, posiblemente cientos, de residentes en el puerto de Buenaventura", dijo un informe del grupo de derechos humanos.
"Muchos barrios de la ciudad se encuentran bajo el dominio de poderosas organizaciones criminales que cometen abusos generalizados como descuartizar a personas, algunas veces mientras aún están con vida, para luego arrojar sus restos al mar", agregó.
Además de las bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha, en la zona tienen presencia guerrilleros de las Farc.
El informe titulado "La crisis en Buenaventura: Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico", alertó por la existencia fronteras invisibles en medio de la disputa por el control territorial de la ciudad entre los grupos armados.
Human Rights Watch citó testigos, residentes, representantes de la Iglesia Católica y funcionarios públicos para denunciar la existencia de "casas de pique" donde desmiembran a las víctimas y que habrían quedado en evidencia por las manchas de sangre encontradas en lugares ocupados recientemente por la policía.
Los grupos armados ilegales mantienen una confrontación por el control territorial del puerto, habitado por unos 370.000 personas, la mayoría afrodescendientes que viven en medio de la pobreza.
El informe aseguró que entre el 2010 y el 2013 se reportó la desaparición de 150 personas en Buenaventura, que se presume fueron asesinadas, pero admitió que la cifra podría ser considerablemente mayor debido a que muchos casos no fueron denunciados por el temor generalizado a represalias.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ordenó aumentar el número de efectivos de la policía y militarizar el puerto para enfrentar la inseguridad y anunció obras de inversión social para combatir la pobreza.
El país suramericano de 47 millones de habitantes padece un conflicto interno de medio siglo que ha dejado más de 200.000 muertos y millones de desplazados en medio del que se han presentado prácticas aberrantes como el descuartizamiento de víctimas con motosierras por parte de paramilitares.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
