Ojo, no todos los que aplauden las medidas contra la corrupción en la salud están de acuerdo con evitar abusos, ni con apoyar medidas que realmente busquen que el ciudadano sea el objetivo principal del sistema de salud.
El anuncio del Presidente Santos de impulsar la lucha contra la corrupción en el sector de la salud es importante. Sin lugar a dudas el gobierno obtendrá el apoyo necesario, ya que no existe nadie que se atreva a decir que no quiere castigar a los corruptos o que no celebre el típico anuncio de las investigaciones exhaustivas.
Al inicio del gobierno del Presidente Uribe en el sector de la salud, muchas regiones del país estaban tomadas y administradas por grupos al margen de la ley. La batalla fue dura y complicada y fue necesario tomar drásticas medidas como la liquidación de varias instituciones, el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, la coordinación con otras entidades del Estado para perseguir funcionarios corruptos y el diseño e implementación de diferentes mecanismos, algunos de ellos propuestos a través de la frustrada emergencia social.
Lamentablemente todas las medidas que se puedan tomar contra la corrupción son pocas. Por eso, tal y como lo propuso el Presidente Santos y como estaba establecido en la emergencia, hay que celebrar que aumenten las penas, que se creen "grupos élite", que se aceleren las investigaciones, y que se coordinen acciones con las entidades de control.
Pero las medidas fundamentales, las que pueden darle mayor eficiencia y eficacia a los recursos, las que evitan no solo los robos, sino los abusos que en algunas oportunidades se presentan, serán las más difíciles de concretar. Tendrán múltiples opositores que intentarán que las puertas por donde se cuelan los abusos, permanezcan abiertas. Es precisamente en la implementación de estas medidas preventivas, donde el Gobierno y algunos congresistas averiguarán, de verdad, quién los acompaña en la lucha contra la corrupción y contra los abusos del sector.
Entre esas medidas hay que insistir en que los recursos del régimen subsidiado (casi 6 billones de pesos) se giren directamente a los hospitales y a las EPS, sin pasar previamente por las alcaldías. Por supuesto que lloverán las críticas de los defensores a ultranza de la descentralización, pero no sobra recordar que el dueño de los recursos es el ciudadano, quien aspira a una oportuna y óptima atención, y espera que se tomen todas las medidas que prevengan la desviación de esos recursos.
De la misma forma, se necesitan medidas para enfrentar algunos actores expertos en malabarismos jurídicos. Pongo como ejemplo el cobro de un medicamento por 3.500 dólares, mientras que en los países vecinos lo venden en 1.200 dólares, o el hecho aberrante de duplicar o triplicar el precio de compra cuando se trata de recobrárselo al Fosyga. Hay que revisar y actualizar el POS, controlar los medicamentos No POS, implementar las guías, reestructurar los comités técnicos científicos, y crear una entidad especializada en la evaluación de tecnología.
En resumen: la discusión que viene no es fácil. Las medidas inocuas tendrán poca resistencia y muchos aplausos, mientras que las realmente efectivas serán atacadas, criticadas y difícilmente votadas. Por lo tanto, hay que rodear y apoyar al Gobierno y buscar que cada una de las propuestas se analice desde la perspectiva del interés general y no del particular. Por cierto, celebro que muchas de esas medidas, que estuvieron en la fallida emergencia social, puedan ser incorporadas en esta reforma.
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