El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ha explicado, una vez más, su propuesta de castigar con severidad el pago de la extorsión, para combatir efizcamente el crimen organizado y las bandas delincuenciales que tienen "vacunado" al país.
El Ministro insiste en que la denuncia y la colaboración eficaz con la justicia deben ser una obligación del ciudadano afectado por la extorsión y que el pago de la misma se convierte en una financiación del delito y, por lo tanto, sujeto de ser castigado penalmente.
Las buenas intenciones de Rivera contrastan con la realidad criminal en que vivimos y a las víctimas hay que protegerlas y no revictimizarlas. Claro que hay que denunciar y confiar en las instituciones, pero de ahí a que los afectados puedan ser castigados penalmente es cerrar el aún estrecho camino de la denuncia. Las cosas no son así de fácil, Ministro.
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