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El exceso de burocracia y la injerencia militar en las sentencias que obligan a retornar la tierra a los desplazados del conflicto armado han provocado que este proceso, iniciado hace tres años, viva una ralentización tal que sería necesario un siglo para completar su devolución.
Esa es la principal conclusión que arroja el foro Tierras, Paz y Postconflicto en Colombia, en el que han intervenido este martes más de una decena de expertos gubernamentales y de diversas asociaciones para debatir sobre uno de los puntos más espinosos de la guerra interna del país, pues se considera que la propiedad de la tierra fue uno de los detonantes del conflicto.
El objetivo del encuentro era evaluar los resultados obtenidos tres años después de la implementación de la ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca devolver los terrenos que perdieron quienes han sido desplazados por los diversos grupos armados que operan en el país.
La violencia en Colombia ha dejado en medio siglo unos 5,7 millones de desplazados, y según cifras de la Fundación Forjando Futuros (FFF) presentadas hoy, los paramilitares son responsables del 62 % de esas salidas forzadas, mientras que en un 16 % de los casos lo es la guerrilla y en el 11 % el enfrentamiento entre diversos grupos armados.
Sin embargo, esta ley, que pretendía impulsar la devolución de terrenos, ha fracasado en cuanto a las expectativas del Gobierno, afirmó el asesor del Departamento de Planeación Nacional Andrés González.
"No hemos alcanzado las previsiones. Esperábamos registrar entre 2010 y 2014 algo más de 160.000 solicitudes, y apenas tuvimos 66.166", reconoció.
El asunto se agrava si se desgranan las cifras pues, como explicó el director de FFF, Gerardo Vega, en este tiempo solo se han dictado 723 sentencias que cubren a 1.400 solicitudes, lo que representa apenas el 0,01 % de la meta fijada por el Gobierno.
La escasez de solicitudes viene determinada, declaró González, por la "dificultad de reclamar en medio de un conflicto que sigue desarrollándose" y también por la "desconfianza en la institucionalidad" de las víctimas.
Y es que al ritmo que el proceso se ejecuta, en las condiciones actuales, la Universidad Nacional calcula que se tardarían 100 años en restituir el total de las tierras despojadas.
La principal causa de este retraso es la burocracia, según FFF que realizó un estudio sobre 500 sentencias en el que observó que el 76,7 % de ellas no tiene plazo de ejecución, y el 84,4 % no tienen un proceso de seguimiento que garantice su aplicación.
Pero también influye la injerencia militar, pues las fuerzas castrenses se reservan la potestad de frenar la restitución si la zona de retorno aún sufre violencia, una medida que se denomina "microfocalización".
"La microfocalización es uno de los principales frenos, porque la Ley determina que en caso de haber peligro para el retornado se deben ofrecer terrenos alternativos o una indemnización a la víctimas y eso no está ocurriendo", criticó Vega entre aplausos.
Esta salvedad retrasa todo, pues pese a lo avanzado del proceso de paz que mantienen el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc desde hace casi dos años, la violencia continúa siendo generalizada en muchas partes del país.
"No se ha producido una desmovilización completa de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)", reconoció el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland.
Las grupos paramilitares que integraban las AUC, desmovilizadas en 2006, han derivado en diversas bandas criminales que continúan operando y realizando amenazas masivas pero que el Gobierno no los reconoce como actores armados dentro del conflicto colombiano.
Ante esta situación, Vega propuso la restitución colectiva para acelerar el proceso y que el retorno de tierras funcione por oferta de terrenos disponibles y no por demanda de zonas concretas.