El sector minero representa hoy el 70% de la inversión extranjera en nuestro país y es el responsable del 50% de las exportaciones. Colombia es el cuarto país productor de petróleo en la región, llegando, al finalizar este año a una producción esperada de cerca de un millón de barriles por día.
Pero esto no siempre ha sido así. Al inicio del gobierno del Presidente Uribe, la situación del sector era dramática: Los estudios decían que en 2006 el país dejaría de ser autosuficiente e iniciaríamos la importación de gasolina. Y esto se debía principalmente a la grave situación de orden público que impedía la exploración y explotación, así como a la falta de incentivos.
Para enfrentar esta situación el gobierno de Uribe fortaleció el programa de Seguridad Democrática y diseñó nuevos incentivos.
Hoy, a pesar de los avances, existe una profunda preocupación en el sector. Por un lado, asistimos al deterioro del orden público, situación implícitamente aceptada por el Gobierno que espera superar con el nombramiento del nuevo Ministro de Defensa y la renovación de la cúpula de las Fuerzas Militares; y por otro, el incremento en los últimos meses de más de un 50% en los bloqueos que ahora, casi semanalmente, se están presentando en las regiones petroleras.
Estos bloqueos responden, en parte a abusos que pueden estar cometiendo algunas empresas contratistas. Pero también a otros elementos, que vale la pena recordar. Uno de ellos es la falta de desarrollo social en muchas de estas regiones que, a pesar de la gran cantidad de recursos que reciben en regalías, no las emplean como deberían. Muchos de los líderes de estas regiones hacen pensar a sus pobladores que la solución es única y exclusivamente de las compañías que desarrollan la actividad minera en la zona y de esta forma evaden su propia responsabilidad en la mala administración de los recursos de esas regalías. Un hecho lamentable, que por cierto se incrementa en la época preelectoral. Sin olvidar tampoco los grupos al margen de la ley que, según las autoridades, podrían aprovecharse de este descontento para infiltrar o liderar las protestas y así generar incertidumbre.
Existe, sin embargo, un elemento adicional, que vale la pena mencionar. La falta de claridad sobre quién asume la responsabilidad en el Gobierno Nacional. Los problemas de orden público deben ser asumidos por el responsable de éste, llámese Ministro del Interior o Ministro de Defensa como cabeza de las Fuerzas Armadas y de Policía y no por el Ministro de la Protección Social o por el Vicepresidente, tal y como está ocurriendo en Rubiales, o como en su momento ocurrió con el Vicepresidente y el Ministro de Transporte en el paro de los camioneros.
Es tan grave enfrentar un problema eminentemente laboral con la Fuerza Pública, como enfrentar un problema de orden público desde el ámbito netamente laboral. Solo unas reglas claras de juego, en las que los roles no se confundan, permitirán aclarar el ya enrarecido ambiente en las zonas petroleras y abordar de una vez por todas, de manera ordenada y técnica, los problemas de orden público y los problemas laborales.
Como alguien diría de manera coloquial: "para cada problema su solución", o mejor, para enfrentar satisfactoriamente esta situación se necesita a "cada loro en su estaca", pero ojo, en la estaca que le corresponde, no en la de su vecino.
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