Hoy en plenaria de la Cámara se tomaría la decisión final sobre el texto del referendo del agua, una iniciativa popular que busca modificar la Constitución para que se incluya este líquido como derecho fundamental.
Sin embargo, la tarea no será fácil porque los promotores de la iniciativa apelaron el texto aprobado en la Comisión Primera de la Cámara pues consideran que no traduce los intereses de los dos millones de personas que firmaron para que el referendo fuera una realidad.
Además, el texto de la Cámara no será el definitivo, porque la iniciativa también tiene que ser revisada por el Senado. Allí debe surtir el trámite de la Comisión Primera y luego la Plenaria.
Si los textos aprobados en Senado y Cámara son distintos, como ocurre hoy con el referendo reeleccionista, se tendría que acudir a la figura de la comisión de conciliación para que se apruebe solo una propuesta.
"Si eso pasara, también confiamos en que cuando el tema sea revisado por la Corte Constitucional, ésta entienda que la iniciativa es un clamor nacional y eso el Congreso no lo puede cambiar, sino respetar", expresó Javier Márquez, miembro del Comité promotor del referendo del agua a nivel.
Debería ser prioridad
La iniciativa tiene muchos sin sabores, empezando porque ha quedado un poco relegada en la agenda legislativa, pese a que los referendos son una prioridad como está ocurriendo con el referendo reeleccionista que copa la atención de los congresistas.
El referendo del agua persigue tres puntos básicamente. El primero: incluir en la Constitución el acceso al agua como un derecho fundamental y que el Estado les garantice esto tanto a las generaciones presentes como a las futuras. El segundo: que el agua sea concebida como un bien común y público, cerrando la posibilidad de su comercialización y privatización y, tercero: garantizar un mínimo vital gratuito de agua para todos los colombianos.
"La Comisión Primera quitó del texto la parte donde se pedía que el agua fuera un bien público y común. Además donde decimos que el Estado tiene la obligación de garantizar el agua potable a todas las personas, los congresistas lo cambian para que esa garantía sea solo para los más pobres y también sacan el agua como un derecho humano fundamental", dijo Márquez.
Organizaciones inconformes
Desde ya las 1.300 organizaciones de todo el país que impulsaron el referendo del agua se están poniendo de acuerdo para no votar la iniciativa. "Votaríamos no, o con abstencionismo", advirtió Márquez. Y se preparan para un encuentro que tendrán en menos de un mes para estudiar salidas.
Uno de los congresistas inconformes con lo aprobado en la Comisión Primera de la Cámara es el representante Franklin Legro, del Polo Democrático, quien cree que la ponencia mayoritaria del referendo del agua "no recoge el espíritu del verdadero referendo".
Aseguró que votó negativamente el texto presentado por un ponente de la coalición de Gobierno y que posteriormente fue aprobado por la mayoría de congresistas de la Comisión.
"El texto de referendo fue cambiado totalmente, no es lo que respaldaron dos millones de ciudadanos con sus firmas", insistió el congresista. Además se mostró preocupado porque, lo aprobado "es contrario al verdadero objetivo del referendo del agua, que era garantizar su uso, como derecho fundamental".
Para el parlamentario Óscar Arboleda, de Alas Equipo Colombia, "ese referendo es inconveniente porque el Estado no puede garantizar un mínimo vital gratuito de agua y no puede incluir el agua en la Constitución como un derecho fundamental. Es como decir que también lo sería el viento y esos son aspectos de la naturaleza".
Defendió el papel de los congresistas en el sentido de que "no somos notarios, sino que debemos analizar y discutir mucho los proyectos, así tengan la prevalencia de provenir del pueblo".
Explicó que la iniciativa persigue objetivos muy positivos pero el problema es que el Estado no tiene los recursos para garantizar el acceso al agua y al acueducto, para eso tiene que contar con la ayuda de empresas privadas.
Por otro lado, Arboleda no ve benéfico que se establezca que el agua sea un patrimonio de los indígenas, aspecto que también defienden los promotores del referendo porque sería una forma de privatizar el recurso.
Sin embargo, Javier Márquez dijo que ese argumento no es válido porque "es como decir que los indígenas no son parte del Estado". El tema podría tener luz verde hoy.
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