El pulso entre el Gobierno y los campesinos del Catatumbo (Norte de Santander) no ha pasado de la demostración de la fuerza, las partes permanecen inmóviles en sus argumentos, y mientras tanto, otras agremiaciones preparan más protestas.
Ayer hubo ruptura de los diálogos entre las partes en Tibú, pero el Gobierno reiteró su compromiso para solucionar la crisis. Los diálogos no duraron más de 24 horas, en una mesa en la que participaban los viceministros de Agricultura, Trabajo, Interior y Defensa; el Subdirector de Planeación Nacional, el alto Consejero para las Regiones y los líderes campesinos.
Después de dejar la mesa de diálogo, el Gobierno reiteró su intención de llegar a un acuerdo y publicó sus propuestas: tierras y desarrollo de proyectos productivos: emprendimientos productivos rurales, titulación de baldíos, distribución de tierras; entrega de más de mil viviendas rurales; 1.100 empleos temporales; construcción de vías terciarias, vías menores y obras locales.
Sin embargo, los tres temas en los que han sido reiterativos los campesinos —la creación de una Zona de Reserva Campesina, la erradicación manual de cultivos ilícitos y la locomotora minera—, son "inamovibles", según dijo el Alto Consejero para el Diálogo Social y la Movilización Ciudadana, Luis Eduardo Garzón.
Al tema de la Zona de Reserva Campesina, dijo Garzón, "por vida jurídica le faltan procesos y por la vía política hay referentes como la negociación en la Habana, Cuba(...) Por otro lado, está el tema de la erradicación manual de cultivos ilícitos y la minería ilegal".
Pero César Jerez, líder de la protesta en el Catatumbo, dijo que el Gobierno se levantó de la mesa porque "nosotros no aceptamos la propuesta enteramente institucional que nos hicieron, eso no tiene razón. Todas nuestras propuestas son importantes, pero la Zona de Reserva la transversaliza. Continuará la protesta".
Sobre esto, dijo el ministro del Interior, Fernando Carrillo, después de una reunión con el secretario privado de la presidencia y el Alto Consejero para el Diálogo Social, que mientras haya bloqueo no habrá negociación.
Mientras tanto, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo, a propósito de la declaración de la Naciones Unidas de que hubo exceso de la Fuerza Pública en las protestas de Tibú, que la ONU "se apresuró" en estas afirmaciones, mientras que señaló que estos hechos están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación.
Ordóñez dijo: "Pretender que apenas horas después se definan responsabilidades —en la muerte de cuatro campesinos—, es un tanto apresurado, porque implicaría, si se quiere, alguna injerencia. Nosotros consideramos oportuno decir con claridad que aquí hay institucionalidad y que esta actúa".
Protesta en Guapí
Al otro lado del país, en Guapí, Cauca, el paro cívico ajusta once días. Ayer en la tarde, para encontrar una solución, llegó una comisión del Gobierno para hablar con los manifestantes. Mientras tanto los alimentos comenzaron a escasear. Dimas Orejuela, secretario de Educación, dijo que la "situación es bastante preocupante, muchos de los temas que se plantean son del resorte nacional".
Los grandes paros que se han sucedido desde el año pasado en el país, dijo Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), han traído pérdidas cercanas a los 900.000 millones de pesos, aunque aseguró que "la mayor pérdida es la institucionalidad" y que el país no puede repetir esta historia pues se afecta su buen momento fiscal.
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