Desde el pasado 7 de julio, los usuarios del Sistema de Seguridad Social se han acercado a efectuar sus pagos, pero por causas ajenas a su voluntad no han logrado cancelar sus aportes.
Es notoria la desinformación y la falta de orientación de los usuarios del sistema, al igual que el desbordamiento de la capacidad instalada ante el volumen de la última etapa de implementación del nuevo sistema de autoliquidación, como en su momento lo advirtió la Procuraduría General de la Nación.
Lo indiscutible es que no se calculó en su justa dimensión el impacto que tendría en los trabajadores independientes la obligatoriedad de este mecanismo de pago.
Es clara la desorientación de los aportantes y los puestos de atención al público han colapsado.
Ante el desacato a las múltiples observaciones hechas por la Procuraduría General de la Nación al Gobierno sobre el proceso de implementación de la Pila, el ente de control ordenó investigar disciplinariamente a los funcionarios responsables de tales omisiones.
Y la Comisión Séptima del Senado de la República realizará, el próximo 22 de julio, un debate de control político al ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, por la improvisación en la plataforma de la Pila.
El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Milton Rodríguez, quien dijo que el Ministerio de Protección debe responder por los problemas de logística de este sistema, bien intencionado para evitar el fraude, pero que evidencia problemas como el no funcionamiento de los call center o el hecho de que las páginas de los bancos no están adaptadas en la Internet para que los ciudadanos hagan sus aportes.
Para evitar perjuicios
La Procuraduría remitió copia de los diferentes documentos e instructivos, los cuales advierten sobre riesgos administrativos, operativos y de atención ciudadana, que en su momento fueron dirigidos al Ministerio de la Protección Social, Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República, con el objeto evitar la violación de los derechos de los afiliados al sistema Integral de Seguridad Social.
“Pese a que se conoció que el Gobierno acogió las recomendaciones de la Procuraduría consignadas en el instructivo número 29, enviado el miércoles por la Delegada Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, y adoptó mecanismos de divulgación y ampliación del plazo para cancelar las obligaciones en materia de seguridad social, es claro que la reciente crisis es producto de la desatención de las advertencias hechas oportunamente por el ministerio público”, dijo la entidad, en un comunicado.
En otro instructivo, la Procuraduría les solicitó a las entidades competentes adoptar las medidas necesarias y urgentes para evitar la causación de intereses o pérdida de tiempos de servicios que afecten el reconocimiento de las prestaciones como consecuencia del pago inoportuno de estas obligaciones.
