Que somos de los países de mayores contrastes institucionales, no hay duda. Aquí se encuentran desde entidades estatales con mucha eficiencia, hasta las más atrasadas en rendimiento. Es una verdad de a puño del drama nacional.
Mientras el país aplaude y elogia a sus Fuerzas Armadas por el éxito de la operación Sodoma, que dio de baja al más sanguinario de los subversivos, por el otro lado se queda atónito al ver que a las cárceles van las cabezas del Congreso y aparece en escena una Corte Suprema de Justicia incapaz de darle un Fiscal en propiedad a una Nación hastiada de inmoralidad.
Parecería que se estuvieran cumpliendo aquellos retruécanos de las épocas pastoriles, cuando en las gratas tertulias de la bohemia se recitaba de que "Colombia era el país de las cosas singulares, en donde hacen la guerra los civiles y la paz la dan los militares". Una guerra contra las obligaciones y compromisos ciudadanos, adelantada por togados civiles, en tanto los militares cumplen con sus deberes consagrados en la Carta para imponer la paz a que tienen derecho los colombianos.
Las democracias reales deben quedar estupefactas ante lo insólito que es ver a 9 presidentes del Congreso, de los últimos diez años, con la justicia respirándoles en la nuca. Tres de ellos están entre rejas y seis investigados por parapolítica, al encontrar la Corte méritos para sentarlos en el banquillo de quienes se sitúan fuera de la ley.
De la misma ley que juraron cumplir cuando se posesionaron de sus curules y de las normas que aprobaron para darle un carácter jurídico al sistema político colombiano.
Es deplorable para la credibilidad del Congreso semejante récord de sindicados por la justicia de violar las normas legales. Con razón en los últimos sondeos de opinión su mala imagen es sólo superada por la subversión armada y por Chávez, lo que de por sí ya constituye una ejemplar sanción moral de la ciudadanía.
Pocos entienden que con tan deteriorada reputación, ganada por sus múltiples errores y faltas éticas, esta rama del Poder Público les cueste a los contribuyentes cerca de seis mil millones de pesos mensuales, cifra onerosa que no se compadece con el comportamiento que debe guardar una entidad que debe dar ejemplo de laboriosidad y probidad.
Estos hechos bochornosos ponen de presente que sigue siendo bastante discutible la idea de quienes sueñan con cambiar el régimen presidencialista por uno parlamentario. ¿Sería acaso pasar del limbo al purgatorio?
La Corte Suprema de Justicia es otro de los lunares que hoy aparecen en el rostro de nuestra torpeza nacional. Eso de llevar 14 meses y de efectuar 22 votaciones sin poder elegir Fiscal es un hueco negro por el cual se hunde el prestigio que alguna vez tuviera el máximo organismo judicial del país.
Se inventan disculpas los magistrados para explicar cada votación frustrada. Y se llenan de especulaciones esos actos de ineficacia por parte de una opinión que no alcanza a comprender en dónde radican los obstáculos para cumplir con las obligaciones inherentes a sus responsabilidades. Tiquete en mano -para enterrar con su ausencia el quórum decisorio- algunos magistrados se preparan para alzar vuelo, no propiamente en busca del tiempo perdido.
Mientras las Fuerzas Armadas se ganan hoy el prestigio y el respeto de los colombianos y del mundo democrático, dos de los tres órganos del Poder Público ven su credibilidad menguada que agrava su posición en un país que requiere, con urgencia, darles decoro a sus instituciones, si es que quiere reconstruir algún día su imagen de nación digna y decente en el tratamiento de la ética y de los deberes institucionales.
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