Nuestro mercado de telefonía móvil cuenta con una repartición más o menos proporcional del espectro entre Claro, Movistar, Tigo y UNE, pero Claro acapara la mayoría de usuarios (62,4 %), ingresos (46,2) y utilidades (74,3).
Y la calidad es altamente deficiente, altas tarifas y planes insuficientes.
El Gobierno pretende con la subasta de 225 Mhz de espectro para 4G asignarla por lo menos a cinco operadores: tres en la banda cuatro 4 y dos en la siete 7.
Al permitir que Claro sólo puje en la segunda imagina impartir equidad, puesto que esta frecuencia requiere más inversiones, hay menos densidad de usuarios y algunos codiciados smartphones no funcionan allí.
Pero al poder pujar los otros operadores en ambas bandas podríamos no tener ningún operador nuevo o tal vez uno, dependiendo de si Tigo y UNE deciden participar como uno solo o por separado.
Y en el proyecto de Ley Laserna-Robledo se intenta castigar los ingresos máximos de cada operador al 30 % teniendo en cuenta esta subasta y ad futurum.
Ambas propuestas son tímidas al dar las señales para que subsistan los actuales operadores: Claro, de propiedad privada, UNE del Municipio de Medellín, Movistar con un 30 % de la Nación y Tigo con 50 % público (UNE-ETB).
Y a lo mejor se aventure un nuevo agente privado, entre cinco nuevos potenciales, a invertir en infraestructura, aprovechando el único incentivo de pagar a plazos la licencia o en especie (ampliar cobertura).
Por tanto, se estarían dando apenas las condiciones para que el mercado escasamente empiece a funcionar bien, situación que se da cuando hay un número mínimo de cuatro operadores, cada uno con el 25 % del mercado, con poca interacción e información y se les otorga poder a los consumidores.
La alternativa de segundo mejor también la tiene el Gobierno, al garantizar que otros potenciales entrantes que no pueden invertir en infraestructura utilicen la red de los operadores establecidos, se les garantice roaming y acceso a las torres a un precio regulado justo, se hayan reducido los cargos de acceso entre operadores en 50 % y las tarifas off net (buscando menguar el diferencial de precios de llamadas entre líneas del mismo operador y hacia otro operador, que aplica principalmente Claro).
Además, se anuncia una regulación social de la calidad del servicio, al involucrar a los consumidores en la medición de llamadas caídas y no exitosas, y prever compensaciones y devoluciones en la factura.
Esto está bien, pero ante la característica de servicio público de la telefonía móvil bien vendrían unas condiciones de entrada más atractivas para nuevos operadores y buscar que el consumidor tenga más poder.
Por ejemplo mediante el establecimiento de una bolsa donde los operadores tengan que ofertar planes estandarizados, compitan en precios y los consumidores puedan elegir con más facilidad.
Pico y Placa Medellín
viernes
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