Saben los campesinos de La Caucana, corregimiento de Tarazá, que todos ellos cultivaron coca en sus fincas alguna vez. Tenían caletas y cristalizaderos mal disimulados. Por cada kilo de pasta les pagaban hasta 2,3 millones de pesos y, sin embargo, hoy cada vez más labriegos prefieren los 4.500 pesos que reciben por cada kilo de cacao.
Con la desaparición de los primeros cultivos, se cerraron 10 prostíbulos que se contaban en una misma cuadra en la llamada Calle Caliente, las distribuidoras de insumos químicos y cuatro estaciones de servicio. Pero la tranquilidad trajo un sabor dulce; el año pasado 174 productores se vincularon a programas alternativos según registros de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, y para este año hay 754 nuevas solicitudes.
También saben los cultivadores —lo supieron desde siempre— que el comercio de la coca en la región lo controlaba Cuco Vanoy, comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Cuando les daba la gana, sus intermediarios bien armados pagaban a los raspachines con costalados de dinero transportados en camionetas que llegaban abriéndose paso entre la multitud que era el parque del pueblo a cualquier hora del día.
Por los muertos y los que salían corriendo de sus fincas, valía la pena pensar mejor antes de sembrar otra cosa o vender a alguien más. Según el observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, en Tarazá entre 1998 y 2005 por acción de los grupos armados ilegales se desplazaron 7.031 personas.
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La Caucana tiene memoria de uno de los combates más violentos entre guerrilleros de las Farc y paramilitares de las AUC. En plena Semana Santa de 2001, la población fue atacada con cilindros bomba. Murieron 26 personas, cinco casas fueron incineradas y 20 locales comerciales, saqueados.
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Si no llueve, con ayuda de Dios, se llega a La Caucana desde Tarazá en 40 minutos, dicen los campesinos que recorren aquel camino con frecuencia. La carretera tiene 22 kilómetros que, aún recién intervenidos, están hechos de un barro colorado que es jabón cuando se moja. Si hay agua, no pasan buses, ni siquiera la volqueta que lleva mercados que entregan las Naciones Unidas a familias víctimas del conflicto en la zona. En esas ocasiones, el recorrido lo cubren solo mototaxistas, y se accede a su servicio si es mucho el apuro por llegar.
Dejando la cabecera del corregimiento, solo en moto, a lomo de mula o a pie se llega hasta las veredas. Al otro lado del alambrado asoman al camino los árboles de cacao con sus mazorcas colgando y las hojas enrojecidas que les brotan en esta época del año, cuando las más secas caen al suelo. Allí mismo, cuentan los campesinos, se veían las matas de coca en otro tiempo, de cuyas hojas salían millones y esa suerte de maldición que viene con la ilegalidad.
Ahí, a la orilla del camino, está el cultivo de Adriana María Balbín, actual secretaria de la Asociación de Cacaoteros de Tarazá (Acata). Con ilusión, Adriana ha sido una de las principales líderes a la hora de agrupar a los cultivadores de la zona y acoger el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. “Desde 2009 vinieron a encuestar y nos preguntaron en qué queríamos trabajar la tierra”, cuenta. Fue un proceso costoso. Al principio, muchos no quisieron meterse por miedo. Les dijeron que el gobierno les iba a quitar las fincas.
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Para 2007, según informe del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, había registro de 9.925 hectáreas sembradas con hoja de coca en Antioquia de las cuales 8.804 se concentraban en los seis municipios del Bajo Cauca. De esas, se contaban 6.000 hectáreas en Tarazá.
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En veredas como Primavera, Colorado y La Cidra, funcionarios de Naciones Unidas se encargaron de verificar que ya no hubiera cultivos de coca y determinaron los predios en los que se adelantaría la sustitución. Llegaron con semillas, bolsas, herramientas para trabajar en los viveros, el material vegetal. “Nosotros poníamos la mano de obra y la alimentación, ellos se encargaron del resto”, explica Adriana.
En el tiempo de bonanza coquera, cada familia tenía su trabajo, sus entables. Se encargaban de procesar hasta obtener pasta de coca. Todo el mundo sabe de la presencia de grupos armados en Tarazá. Los campesinos estaban atados al dominio de los violentos en la zona. Había que trabajar para ellos, venderles el producido y aceptar el pago que ellos quisieran dar.
“Aquí teníamos era pura coca, prácticamente. En 2009 fue que empezamos a sembrar cacao”, cuenta Óscar Aguirre, otro campesino que se acogió con su familia al intento de hacer las paces con la tierra. “El cacao es un sustento solamente, pero hay menos problemas”, dice.
Con los 60 kilos que produce en promedio cada quincena, Óscar se las arregla para sobrevivir con su esposa y sus tres hijas. Para secar los granos cuenta ya, por fortuna, con una de las 42 marquesinas que se han ido instalando en la zona, estructuras con las cuales ya no hay que hacerlo en costales tendidos en el suelo, lo que da mejor calidad.
Óscar y los demás productores de Acata esperan que en la temporada de cosecha, en el último trimestre del año, mejoren sus ingresos. Pero aunque haya pasado de ganar dos millones de pesos por cada kilo de pasta, a reunir escasos 270 mil pesos por la venta de la producción de toda una quincena, sabe que la recompensa que ahora está recibiendo no tiene precio: “Trabajando con el cacao, la gran ventaja es la tranquilidad. Es un trabajo legal. Nos podemos parar en cualquier esquina y nadie va a venir a revisar qué tenemos”, analiza.
La venta de la producción está garantizada porque en el proceso Acata cuenta con la Compañía Nacional de Chocolates como aliado comercial. Entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013 la organización campesina logró vender al mercado nacional 31 toneladas de cacao. Para este año se estima que la producción llegue a 60 toneladas.
Con la coca, en cambio, siempre se vivía la zozobra de pensar que ya venía el Ejército a quemar las caletas. O la que se siente por estar bajo el acecho de ladrones en el monte, capaces de matar por quedarse con un kilo de pasta. En 2008 hubo desplazamientos. A las familias que ejercían como Guardabosques, las obligaron a salir. Los tildaban de sapos de la ley. A muchos les quemaron las chaquetas del programa o mataban a uno de la familia y los otros tenían que irse. “La violencia, poquita no fue. Gracias a Dios pudimos sobrevivir”, sentencia Óscar, como agradeciendo la nueva vida que ahora llevan. “Quedaba todavía mucho cultivito por ahí. Las avionetas fumigaron muchas veces. Las matas de coca que quedaban se arrancaron. En veredas apartadas todavía se siembra; pero la verdad es que Tarazá está ya muy limpio de coca”, concluye.
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El 23 de enero de 2006, se desmovilizaron en la hacienda La Ranchería, en zona rural de Tarazá, 2.790 integrantes del Bloque Mineros de las AUC, bajo el mando de Cuco Vanoy, extraditado en 2008 a los Estados Unidos, requerido por el delito de Narcotráfico. A la entrega de armas sobrevino el miedo en la población, puesto que muchos campesinos presentían que la guerrilla vendría a cobrárselas por los años que como raspachines dedicaron a venderle pasta de coca a los paramilitares.
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La Asociación de Cacaoteros de Tarazá se fundó con treinta productores, cada uno con tres hectáreas de tierra. Hoy cuenta con 60 afiliados y hay alrededor de 200 hectáreas en su primer ciclo de producción. Por cada hectárea cultivada, se suman solicitudes para pertenecer, desde veredas como Aguas Lindas, El Triunfo o El Noventa. “Dimos el primer paso, pero no fue fácil. El terreno era fumigado con glifosato que secaba todo”, recuerda Jaime Enrique Jaimes, representante legal de Acata.
Confiesa que en dos ocasiones hubo desplazamientos por la oposición a que se sembrara cacao. “Insistimos porque no queríamos aportarle un gramo más de coca a la violencia”.
Para sostener sus cultivos, mejorar la productividad, el beneficio y la comercialización cuentan con el apoyo de la Adminstración Municipal, el gobierno departamental y nacional, y el Programa de Cooperación Internacional Colombia Responde. La asociación está certificada para prestar servicios de asistencia técnica, el cacao que producen tiene el sello internacional Fairtrade, que lo reconoce como un producto de alta calidad, responsable con el medio ambiente y con un precio justo para la organización. Este año tienen la meta de comenzar a exportar.
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La Caucana es como ese arbolito de cacao que Adriana Balbín dibuja en el aire ahora que cuenta de su cultivo a la orilla del camino en la vereda Colorado. El árbol que crece en la tierra que tantas veces ardió por la coca, bañada en glifosato y en sangre.
Hoy, la tradicional calle del comercio es otra. Comienzan a surgir nuevos negocios, se abren centros de acopio de productos legales y cada día son más las familias que le quieren apostar al cacao.
“Para sembrar, se mira primero el lote y se organiza bien. No se puede quemar”, recalca ella al tiempo que abarca con los brazos la porción del horizonte enmarcada en su cerco de alambre. “Los arbolitos se ponen primero en un vivero. Después de tres o cuatro meses, se los trasplanta al sitio de la siembra. Cuando ya están firmes, se empieza a injertar…”, continúa.
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La Alcaldía de Tarazá reconoce la importancia de la tarea hecha hasta el momento; pero también la necesidad de cuidar esa semilla que se ha ido sembrando, para recoger de ella una cosecha abundante.
Nirla Mosquera, secretaria de Agricultura del municipio, afirma que se tienen programas para sustitución de cultivos ilícitos desde hace quince o hasta veinte años. “Hay opciones de producción con siembra de caucho, cacao y frutales. También se ha estimulado la piscicultura, la ganadería y la producción de especies menores. Tenemos varias asociaciones de productores: dos piscícolas, dos de cacao y dos de caucho”, ilustra la funcionaria.
La Administración Municipal se muestra aliada del sector agropecuario. Hay un convenio con el Banco Agrario para los productores e incentivos por buen manejo de los recursos y gestión de asistencia técnica para los campesinos. “La Alcaldía ha aportado 86 millones de pesos, se han gestionado 2.236 millones de inversión de otras entidades. Se han entregado unos 1.800 millones de pesos en préstamos a los agricultores”, afirma.
Después de la desmovilización de Cuco Vanoy y sus hombres, hay parcelas en extinción de dominio, que han sido solicitadas por la administración, pero aún no hay seguridad para entregarlas a los campesinos.
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“Seguir con la cultura de la coca no valía la pena. Ahora recibimos capacitaciones, abonos o más proyectos. De esa abundancia que había con la coca no quedó nada. El que no está muerto, quedó en la cárcel”, explica Adriana Balbín. “Hoy están pavimentando en La Caucana, organizando el colegio. Hoy podemos pensar en el futuro”, afirma con una sonrisa que deja entrever su ilusión por la llegada de mejores tiempos para su tierra.
Es la misma visión que comparten casi todos los asociados de Acata. “Duré ocho años cultivando coca. Recibía buen dinero, pero así como llegaba, se iba. Vi muchas cosas: vicio, trago, prostitución, desplazamientos, familias desvertebradas. Todo eso me hizo pensar en dejar los cultivos ilícitos. Con el cacao me cambió la vida. Lo que no tuve con la coca, lo estoy consiguiendo ahora: tranquilidad, amigos, capacitación, una familia unida y hasta una casita”, dice Eustasio Antonio, socio y productor de Acata.
Con el sol bajo se apaga el color del barro en los caminos de La Caucana. Hace algunos años, con la oscuridad venía también el miedo hasta las casas de los campesinos de la zona. La pasta de coca hacía que la tierra oliera a sangre, a explosiones, a muerte y violencia. Ahora el sueño de los campesinos en Tarazá es apacible y dulce. Su dulzura toca las mazorcas de cacao que cuelgan a la orilla del camino. Ahí, donde está el cultivo de Adriana María Balbín y comparten trabajo e ilusiones un puñado de cultivadores.
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