Tras la captura del constructor Pedro Arenas, la Fiscalía librará otras órdenes de captura para desmantelar las organizaciones que han afectado a la ciudadanía con los falsos proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
La advertencia fue hecha por el director seccional de Fiscalías de Medellín, Germán Darío Giraldo Jiménez, quien afirmó que la acción recaerá en personas que tienen el mismo modus operandi que el que utilizó Pedro Arenas, y destacó que el nuevo esquema de investigación penal dio sus frutos en menos de un mes, cuando se trata de un caso que llevaba dos años y medio sin salir adelante.
Al precisar el modus operandi, el director del Isvimed, Diego Restrepo Isaza, dijo que además del proceso fraudulento para la obtención de la licencia, en la venta de los inmuebles también se constituyó una firma para captar recursos, sin obtener permiso. Y en lugar de hacer una cesión a los compradores, las ventas estaban hipotecadas.
Como la situación se repetía en todos los proyectos, consideró que era como "una pirámide inmobiliaria", donde un proyecto fracasaba financieramente, y con la venta de otro tapaba los huecos del anterior.
En cuanto a los afectados, el director del Isvimed señaló que son casi 400 propietarios, aunque, hasta ahora, las denuncias las han interpuesto 332, porque hay muchos compradores que no quieren seguir el trámite.
Sin precisar el monto de la presunta estafa, dijo que cada inmueble tiene un valor mínimo de 41 millones, al multiplicarlo da una suma exagerada y un mensaje delicado de lo que es el sistema de construcción, con antecedentes de que algunos constructores que utilizaron la figura de las falsas VIP fueron excluidos de Camacol.
Sobre quiénes integran este cartel, sostuvo que cuando una persona está involucrada en una actividad necesita contactos en todo el sistema, tanto en el sector público como privado y el mismo financiero. "No se puede hablar propiamente de un cartel con jefes y cabecillas, sino un modus operandi de un constructor pirata, ilegal, que es nuestra búsqueda de control urbanístico", dijo.
Pero Bernardo Alejandro Guerra, quien lideró las denuncias desde el Concejo, dijo que es muy difícil no vincular a uno de los curadores urbanos, quien aprobó el 90% de los proyectos, y como un notario dice que no están hipotecados los lotes y resulta que sí, por lo que hay cadena en concierto para delinquir.
"Pedro Arenas es el que aparecía, pero detrás debe haber toda una mafia de funcionarios públicos y gente del sector público", agregó Guerra.
Con el fin de evitar que otras personas caigan en estos engaños, Restrepo dijo que se va a generar una política de acompañamiento al comprador de vivienda porque Medellín adolece de ello y así lo han constatado con la Superintendencia de Industria y Comercio. "No hay una entidad que proteja al consumidor inmobiliario, hay cerca de 7 proyectos en la ciudad que no son VIP y están abandonados".
Para recalcar la dimensión del problema, sostuvo que hay 170 proyectos VIP, de los cuales hay 70 denunciados.
Su queja es que el sistema urbanístico, con la excusa de agilizar la obtención de licencias, se ha sacrificado el tema del control.
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