Los autos ruedan a gran velocidad y como guiados por el mismísimo demonio. Adentro, conductores suicidas -émulos de los kamikazes japoneses que estrellaban sus aeronaves contra la flota de los aliados en la II Guerra Mundial- están dispuestos a hacer explotar sus automotores, en caso de que la Policía intente abortar su misión de distribuir ilegalmente en Colombia la gasolina que ha sido adquirida en Venezuela.
Ocurre en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia, en donde el contrabando está tan arraigado, que los programas de readaptación laboral para que la gente monte restaurantes, tiendas o ventas de llantas, tambalean porque los beneficiarios cogen los 4, 6 0 12 millones de pesos que les dan y fortalecen el tráfico de gasolina.
Una fuente del nivel central de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que pide mantener en reserva su nombre, afirma que dentro del fenómeno del contrabando el caso de la gasolina es, literalmente, "incendiario". En Maicao y Riohacha son parte del paisaje los parqueaderos en los que se almacena y expende combustible de contrabando. "Pero ni las autoridades judiciales se atreven a intervenir, porque la gente está dispuesta a incinerarse, junto con su mercancía". Además, detrás del negocio hay "personas representativas en nuestro país", un eufemismo con el que se hace referencia a los poderes políticos.
¿Gente dispuesta a inmolarse con su carga ilícita?
Tal cual -confirma el general Gustavo Moreno Maldonado, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)- y esa es la norma de conducta de quienes participan en "las caravanas de la muerte". Estos son grupos de 20, 30 o más camiones pequeños, conducidos a veces por personas drogadas y con antecedentes penales, que salen con sus cargas de combustible o víveres desde puntos como Maicao, Uribia, Majayura, y las llevan hasta La Paz, en el norte del Cesar.
Adelante van las "moscas", con la misión de abrir paso y alertar sobre la presencia de las autoridades. "Si esto no es para mí, no será para nadie", dicen en tono amenazante los conductores cuando son interceptados por la Polfa.
Y no están "cañando". El General afirma que los conductores llevan una pipa de gasolina, del tamaño de una CocaCola grande, la abren y bañan con ella su cuerpo y la cabina del automotor. "Si me bajan me prendo", una fatal advertencia que a veces complementan partiendo en dos la llave del carro y botando uno de los pedazos para impedir que se les lleven el automotor. En otras ocasiones, llaman por celular y, en minutos, 30 o 40 enfurecidos lugareños están rodeando a los 15 policías que hacen el operativo.
Para los traficantes, la vida vale tanto como los galones que transportan. Los conductores, que suelen hacerse acompañar de mujeres, tienen edades entre los 16 y los 50 años, pero el grupo predominante es de 20 a 30. En un adaptado Mazda 626, dice la Polfa, se pueden movilizar 250 galones de gasolina, en una camioneta Ford 350 caben 1.200 galones y en un carrotanque se mueven de 3.000 a 4.000 galones.
De ahí "comen muchos", porque la renta ilícita es jugosa. En Paraguachón, Venezuela, el galón de gasolina vale 37 pesos y en Colombia sube a 3.600 en Maicao, 4.600 en Riohacha y 5.300 en Cesar.
"Se dañó el negocio"
Los nativos que manejaban el tráfico ilegal le han confesado a la Polfa que "el negocio se está dañando". La razón es que hay nuevos y poderosos jugadores. La guerrilla de las Farc, con su frente 49, y bandas criminales como "los Rastrojos" y "los Urabeños", cobran vacunas a los contrabandistas, con "tarifas" que van desde 300.000 pesos para quien lleva 150 galones, hasta 1 millón de pesos por carrotanque. Mientras la utilidad del traficante se reduce al 30 por ciento, los riesgos se multiplican.
Entre 2012 y la fecha fueron asesinados seis "pimpineros" en La Guajira, por no pagar vacunas a la guerrilla y las bacrim; en el mismo período la Polfa perdió a cuatro de sus hombres; un conductor que era perseguido por las autoridades intentó prenderse fuego y logró sobrevivir; y seis conductores de "caravanas de la muerte" perecieron al accidentarse los vehículos que conducían. Uno de esos casos ocurrió el 17 de mayo de este año y murieron calcinados padre e hijo, de 52 y 25 años de edad, respectivamente.
Así mismo, por el delito de favorecimiento de contrabando han sido capturadas en La Guajira 111 personas, de las cuales apenas una fue condenada a una pena de prisión de cuatro años y tres meses.
El grueso de los capturados vuelve a delinquir y sigue yendo y viniendo con combustible y otros bienes de contrabando. Controlarlos no es fácil. La Polfa tiene en La Guajira 70 hombres y para hacer operativos en las 172 trochas por las que se mueve el matute se requerirían 1.800 efectivos. En Cúcuta están detectados 42 pasos y en Ipiales, 28.
Tulio Zuloaga Revollo, presidente de Asopartes, saca números más exigentes. Según sus datos, para vigilar 186 trochas que hay entre Cúcuta y Paraguachón se precisarían 22.000 policías, algo que difícilmente se verá. Agrega que, mientras España, con menor extensión y población, tiene en sus aduanas a 25.000 funcionarios, la Dian cuenta con 6.000 y no todos en labores aduaneras. Con un agravante. En su opinión, los inspectores de los puertos tienen que ser dioses, saber de textiles, medicamentos, vehículos y cuantos bienes se transan internacionalmente. "Y, por supuesto, no son dioses", remata.
Pero el contrabando no ingresa solo por esas trochas. También lo hace por puertos marítimos y aeropuertos, indica Javier Díaz Molina, presidente de Analdex. El gremio anota que los productos más sensibles son, tradicionalmente, textiles; confecciones; calzado; perfiles para ventana de aluminio; vidrio incoloro que se hace pasar como de color para liquidar menores aranceles, y hasta gasolina venezolana que estaría llegando al pleno centro de Bogotá, lo cual muestra una fragilidad en el tema de seguridad nacional de las fronteras.
Luz Miriam Díaz, subdirectora de Fiscalización Aduanera de la Dian, resalta que la tendencia en América Latina es a perseguir todo tipo de mercancías, a diferencia de Estados Unidos y Europa que enfatizan lo que atenta contra su seguridad nacional, el terrorismo y el narcotráfico. En el viejo continente son muy prácticos y quien trae más mercancía de la que declaró, simplemente lo ponen a que pague por ello.
Asopartes reclama una política de Estado contra el contrabando, con funcionarios expertos en los puertos y tecnología moderna, como los escáneres que recomendaron desde hace más de una década y que permitirían revisar un contenedor en 10 minutos.
Para el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, esa política debe tener: coordinación institucional; penas más severas; mayor capacidad y competencia de entidades como la Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero (UIAF), la Dian y la Polfa. Puntos como estos, más la cooperación internacional, ya los contempla el proyecto de Ley Anticontrabando que el Mincomercio presentó a consideración del Congreso.
Mientras los legisladores aprueban la ley, el Comandante de la Polfa busca meterle más inteligencia e investigación criminal al combate de este delito; de 14 divisiones operativas pasará a 28; incrementará su personal; aumentará la idoneidad profesional de su gente y realizará alianzas estratégicas. Su foco estará en las carreteras y en los puntos de comercialización. De igual manera, estimulará el pago de dinero a quienes suministren buena información, en cuantías que estarán relacionadas con la calidad y cantidad de los bienes incautados.
Esos estímulos monetarios pueden resultar particularmente atractivos para los "cazarrecompensas", a juzgar por cifras como estas: por el contrabando de licores y cigarrillos el país pierde, al año, 1 billón de pesos y la salud deja de percibir 600 millones de dólares. Por los bienes que ingresan de contrabando, la Dian deja de percibir en impuestos 1.500 millones de dólares anuales.
La Dian, en estudio divulgado en abril de 2011, habla de "distorsiones en el valor de las importaciones" por 10.354 millones de dólares, incluyendo allí contrabando técnico, subfacturación, contrabando abierto y cambio de procedencia. La cifra es descomunal, en pesos supera los 20 billones y desborda los datos que maneja el Mincomercio.
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