Con el argumento de que el 95 por ciento de ingresos de la IPS Saludcoop, unos 600 mil millones de pesos anuales, provienen de la EPS de igual nombre, al atardecer de ayer la contralora general, Sandra Morelli Rico, volvió a cuestionar la decisión del superintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, de intervenir administrativamente el martes la red de clínicas, hospitales y centros de salud.
"Ese funcionario no le informa ni al Gobierno ni al país que esas clínicas no están registradas como activos ni de la EPS ni de la Corporación IPS, intervenida a pesar de haberse adquirido y seguir financiándose con la UPC que recibe Saludcoop EPS", enfatizó la contralora, quien reprocha que Morales no atendió la recomendación de intervenir a todo el Grupo Saludcoop.
En defensa de Morales, la Supersalud emitió un comunicado en que afirma que la intervención de la IPS se informó oportunamente a al Ministerio de Salud y recalcó que no se tiene competencia para intervenir la totalidad de entidades del Grupo.
"La intervención de la IPS no implica que se levanten los embargos ordenados por la Contraloría, pues estos recaen sobre la EPS Saludcoop, entidad independiente a la primera, y actualmente intervenida", dice el pronunciamiento,
Entre tanto, las centrales obreras alertaron que el conglomerado podría ir a la quiebra, después de la decisión del Gobierno Nacional de intervenir a su IPS.
Los resultados "negativos" de la intervención de la Supersalud, desde mayo de 2011 que intervino la EPS, llevan a afirmar a la Confederación General del Trabajo (CGT) en un informe: "ya tiene al borde de la quiebra a la EPS y ahora quiere acabar con sus clínicas".
Por su parte, los usuarios se muestran optimistas en que la atención mejore con la intervención, según Laura Ramírez Serrano, vocera Pacientes Colombia.
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