Las reiteradas invitaciones hechas por el candidato del partido de La U, Juan Manuel Santos, a distintos sectores políticos para que acompañen su campaña a la presidencia, han generado dudas sobre diferentes sanciones de acuerdo a lo planteado por la reforma política de 2009 y la ley de bancadas.
Lo mismo ha pasado con las actuaciones del ex ministro y ex embajador conservador Carlos Rodado, quien ahora es jefe de debate de campaña de Santos, y cuya situación en el Partido Conservador se ha visto "en peligro" por las directrices que esa colectividad ha establecido para quienes no apoyen a la candidata del partido, elegida el pasado 14 de marzo, Noemí Sanín.
Cabe anotar que el artículo segundo de la ley de bancadas aclara que los políticos electos a corporaciones públicas como consejos municipales, asambleas departamentales y órganos legislativos como Cámara y Senado, "actuarán en grupo y coordinadamente" en todos los temas que no sean determinados como de conciencia por los estatutos de los partidos; y que, según lo estipulado por la reforma de 2009, "en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido político".
¿Vacío jurídico?
Para la politóloga Claudia López, "el hecho de que la ley de bancadas sólo regule la actuación de funcionarios electos en las discusiones de sus respectivas corporaciones" exime a los políticos electos de toda responsabilidad en cuanto a sus respaldos electorales.
López no cree que el hecho de respaldar a candidatos de otros partidos, siendo funcionarios de corporaciones, revista una falta.
Para López en esta dinámica se mezclan los vacíos en la normatividad política en torno a las actuaciones de los representantes de los partidos en periodos electorales, con lo que se demuestra "la debilidad de la organización política partidista y la incoherencia de las asociaciones políticas"; y que "las candidaturas actuales son débiles, pues está claro que los candidatos no están en la capacidad de recoger la intención de voto de los representantes del partido y de los ciudadanos".
Por su parte el especialista en derecho electoral, José Vicente Sánchez, opina que el tema no está en las invitaciones, sino en quiénes y cómo las acogen, pues "el debate se da en el terreno de los estatutos y de las sanciones disciplinares de los partidos antes que en la fractura a la ley de bancadas y la reforma política de 2009".
En el caso de Enrique Gómez (hijo del ex presidente conservador Laureano Gómez, quien apoyaría la campaña de Santos), "el apoyo a la campaña de la U es violatorio de la Constitución, pues su condición de senador y la curul que ocupa en el Senado por el partido Conservador, es contrario al artículo 108 de la Constitución, que dice que ninguna persona puede pertenecer simultáneamente a dos partidos porque incurrirá en doble militancia", dijo Sánchez.
No obstante, Sánchez ratifica con claridad que "el problema no son las invitaciones a los miembros de otros partidos, sino quien la recibe y en qué condición".
Por otro lado, aunque los coqueteos del candidato Santos a varios congresistas no son nada nuevo, el tema sigue siendo el debate al interior de los partidos.
En febrero, cuando ya se sabía que el referendo naufragaría, el ex ministro de Defensa llamó a varios congresistas conservadores a "pedirles su ayuda".
Así se lo manifestó a Colprensa un senador conservador, quien indicó que Santos le volvió a buscar hace menos de una semana con el mismo propósito, pero en la charla se puso de presente la imposibilidad de dar esa ayuda por la ley de bancadas y transfuguismo.
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