Un gobierno sin recursos propios no es capaz de cumplir con sus funciones.
Esto es muy cierto en el ámbito nacional, y es aún de mayor importancia en el local, donde no se tienen las mismas facilidades para contratar crédito y en donde una buena administración puede hacer mucho en poco tiempo si cuenta con los recursos para hacerlo.
El ejemplo colombiano que respalda esta manera de pensar ha sido la experiencia de Bogotá, que en pocos años dio la vuelta y pasó de ser una de las "niñas feas" de América Latina a una de las más admiradas y más visitadas. El origen de este éxito fue haber dotado a la ciudad con una base tributaria sólida. Sin ellas, Bogotá no hubiera tenido la posibilidad que tuvo de poner en orden sus finanzas. Y no hubiera podido llevar a cabo las inversiones físicas que le cambiaron la cara a la ciudad ni dejar el brillante legado que, un poco menoscabado, se mantiene hasta ahora.
La capacidad de generar recursos, vía impuestos, es lo que le ha dado a Bogotá la oportunidad de mejorar la calidad de vida.
Los ejemplos de Medellín y recientemente el de Barranquilla corroboran esa conclusión. Las ciudades capitales y los muni++cipios que mayores recursos propios generan son los que muestran en Colombia los mejores resultados en la satisfacción de las necesidades básicas.
Curiosamente, los que tienen acceso a regalías no se comportan como los que poseen recursos provenientes de impuestos, sino que son más propensos a emprender malos proyectos y a despilfarrar. Este es un argumento muy fuerte para justificar una reforma a fondo del régimen de regalías como la que propone Santos.
También es una razón de fondo para apoyar los esfuerzos de los mandatarios locales para reforzar y para reformar los impuestos municipales. Estos esfuerzos generalmente son mal recibidos por los ricos propietarios de finca raíz y por los políticos que representan sus intereses.
En el ámbito nacional, ha existido la tradición de que los legisladores apoyan las reformas de impuestos, aunque el clientelismo ha contaminado esa tradición.
Le exige tajada al Gobierno a cambio de la aprobación de impuestos, con lo que se ha conseguido que cada reforma sea marginalmente menos efectiva que la anterior. En lo municipal, el clientelismo opera a sus anchas, pero la responsabilidad fiscal no ha ingresado a los concejos.
Vamos a ver cómo le va a la alcaldesa de Cartagena con el proyecto de reforma de los impuestos municipales que le ha presentado al Concejo de su ciudad, que claramente necesita mayores recursos, pero que ya tiene rebotada a gente como la que se describe en esta nota.
No se dan cuenta ellos de que si no mejoran los impuestos de la ciudad, no van a poder sostener la situación actual en la que los ingresos del quintil más alto de la distribución de ingresos son 27 veces los del quintil más bajo. Convive una ciudad legendaria y llena de atributos con otra que carece de servicios y se arrastra por sus calles polvorientas, cada vez más agobiada por la pobreza, el desempleo y el crimen.
Cartagena ha logrado aumentar su inversión social en educación y salud principalmente y más que duplicarla desde 2000. Pero la inversión en proyectos de infraestructura está en el mismo nivel de hace 10 años. Pide a gritos grandes inversiones físicas y ellas requieren impuestos.
¿Cuánto tiempo creen que se va a mantener esa situación de extrema desigualdad y parálisis de la inversión pública sin que los males de la ciudad pobre arrastren a la otra y le pongan fin a su leyenda?
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