El ambiente filoso del último 15 de septiembre en la Universidad de Antioquia rompió un telón que mostró asuntos trascendentales.
Ese día, la manifestación en el bloque administrativo -que algunos estudiantes y profesores sostienen era pacífica y que según empleados del edificio y los directivos de pacífica no tenía nada- y el ingreso de la Fuerza Pública desataron una violencia que terminó en una medida que se creía de corto plazo pero que ahora podría no serlo.
Desde ese miércoles cesaron las clases en el claustro y aunque se esperaba que el retorno fuera pronto, según lo que se está discutiendo sería extraño si esta semana se normalizan las actividades.
Ha trascendido que en los Consejos Superior y Académico unas voces han pedido que el cese sea indefinido para hacer reformas profundas y otras abogan que se abra rápido la U. después de llegar a un "pacto de normalización".
Martiniano Jaime Contreras, vicerrector general de la U. de A., aseguró que la palabra "indefinido" no se ha mencionado y que tal vez algunos lo hayan asumido así porque no hay fecha fija de regreso a las aulas.
El funcionario reiteró la necesidad de llegar a acuerdos con los estamentos universitarios para garantizar unas condiciones mínimas que mantengan a la institución abierta y sin violencia.
¿Acuerdos con quién? Desde el cierre las directivas han convocado a los profesores a reuniones para buscar esos pactos para las condiciones mínimas, pero hay asuntos que están fuera del alcance de la academia y eso, según el Vicerrector, se reconoce en el Consejo Académico.
El tráfico de drogas en la Ciudadela Universitaria se ha llegado a atribuir a organizaciones ilegales muy estructuradas de la ciudad, no a traficantes menores.
Ante esa posibilidad ¿qué efecto real tendría el pacto con los profesores? ¿Les prestarían atención los delincuentes a esos acuerdos?
Con los estudiantes todavía no se han anunciado contactos oficiales para concertar los acuerdos de condiciones aunque el rector ha dicho que se buscarán pronto.
Un paso lo dio el Consejo Académico esta semana cuando anunció que reconoce a los grupos de estudiantes que se han pronunciado públicamente sobre la situación en la institución como "parte de lo que se llama la Asamblea Estudiantil, y que, aunque no representen a la mayoría de los estudiantes, constituyen un actor político que, en la medida en que mantengan la coherencia de sus acciones en relación con los principios y con los procedimientos básicos que enuncian, se autorizan ellos mismos para convertirse en interlocutores legítimos".
El Académico ve a esos grupos como actores facultados para ayudar a solucionar los problemas coyunturales y estructurales, pero ¿qué pueden hacer para erradicar las ventas ambulantes y el tráfico?, ¿bastaría dejar de comprar "piratería" y consumir drogas en la U. para terminar con las mafias?
Martiniano Jaime Contreras opinó que se requieren medidas de las autoridades de policía y civiles para la solución de esos asuntos delicados e hizo mucho énfasis en que la autonomía que tiene la U. de A. no puede confundirse con la extraterritorialidad porque "ante la ley todos somos iguales" y no cabe la impunidad.
Desde antes del 15S, Luis Alfredo Ramos Botero, gobernador de Antioquia, viene diciendo que no permitirá la delincuencia en la U. de A. y anunció que "ha dado precisas instrucciones a las Autoridades de Policía de intervenir cada vez que se presenten alteraciones causadas por terroristas encapuchados, vendedores y traficantes de estupefacientes y venteros ambulantes que nada tienen que ver con la Universidad".
Una de las últimas declaraciones del Gobernador tiene que ver que un punto que podría despertar más inquietudes que la nueva Tarjeta Integrada Personal (TIP), el carné que desató protestas de un sector de la comunidad universitaria.
El Gobernador anunció la instalación de cámaras de seguridad en la Ciudadela y la revisión de los casilleros. El vicerrector general dijo no tener conocimiento sobre la instalación de esos aparatos y que el Consejo Académico no ha discutido al respecto.
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