La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó este miércoles al Distrito de Bogotá a pagar 227 mil millones de pesos a dos mil personas que se vieron afectadas por el derrumbe del relleno sanitario Doña Juana, el 26 de septiembre de 1997.
El fallo, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, establece que existió una evidente falla en el servicio debido a que el carácter experimental del sistema bajo el cual se operaba el relleno requería una mayor atención por parte del operador y una estricta supervisión de la administración distrital.
“La gravedad de la catástrofe ambiental se debió a la clase de residuos tóxicos que quedaron expuestos: orgánicos (sangre, tejidos de piel y órganos); químicos (material radioactivo y medicamentos) e industriales (generados por curtiembres, plomo, mercurio, etc). Así mismo, con posterioridad al derrumbe se desataron plagas y los alimentos comenzaron a descomponerse con gran rapidez”, apunta la determinación de la corporación.
La demanda que había sido interpuesta por un grupo de ciudadanos encabezados por el actual secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, daba cuenta de los daños y afectaciones que había ocasionado el deslizamiento del relleno.
“Un millón doscientas mil toneladas de basura cubrieron dos colinas, 15 hectáreas de terreno y el bloqueo y contaminación del río Tunjuelo, ocasionando afectaciones respiratorias, infecciones en la piel, alergias, diarrea y vómito a los habitantes de las zonas aledañas, lo que se tradujo en el lesionamiento de los derechos constitucionales a la intimidad familiar, la recreación y libre utilización del tiempo libre”, precisa la demanda.
De acuerdo con la condena, durante la operación del relleno sanitario se presentaron diferentes irregularidades que coadyuvaron a la generación del desastre y agravaron las consecuencias ambientales del mismo.
“El basurero había sido entregado en concesión a la firma Prosantana, pero el Distrito que no se podía desprender de este servicio, omitió ciertos deberes de vigilancia, regulación, de control, en una cadena de fallas que terminó por ocasionar la catástrofe ambiental que ya todos conocemos”, explicó el magistrado Enrique Gil Botero.
