Por el homicidio de tres ciudadanos el 13 de agosto de 2005, en el municipio de Florencia, Caquetá, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a ocho integrantes del Ejército Nacional.
Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, los uniformados llegaron al lugar de los hechos con el fin de capturar a un grupo de extorsionistas que delinquían en la región.
Sin embargo, en desarrollo de esta acción los militares dieron muerte a estas tres personas a quienes luego presentaron como miembros de la comisión de finanzas de la Farc.
Con estos hechos, apunta el ente de control, los destituidos "violaron el deber de tener en cuenta todas las precauciones previstas para el ‘ataque’ en que se produjo este resultado negativo, lo cual implica el estricto cumplimiento al principio de distinción, que es necesario respetar para garantizar el derecho inalienable de las víctimas como lo es la vida".
Agrega que los militares se extralimitaron en sus funciones, pues se sobrepasó la misión constitucional de la Fuerza Pública, "cometiendo un acto ajeno al servicio, que se constituye en una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario", apunta un aparte de la decisión.
