Los cambuches levantados de la noche a la mañana con palos y plásticos ya no se extienden por ese terreno ajeno que invadieron por la necesidad de casa propia y por el que se enfrentaron a palos y piedras contra gases lacrimógenos de la Policía, para evitar su desalojo.
Ahora el asentamiento del 9 de Agosto en Tierralta (Córdoba) es una mezcla entre la ciudad y el campo. Hay casas construidas en cemento, de ladrillo, con techos de palma seca y otras en bahareque. Algunas, muy precarias, de madera, con plásticos y techadas con láminas de zinc.
Varias contrastan porque tienen huertas con marranos y gallinas. Y por las calles van y vienen niños y los más jóvenes, a pie o en bicicleta, con botellones y jarras repletas de agua que beben para calmar la sed en esa tierra caliente.
"Mi abuelita me mandó por agua porque ya no puede cargar y va a poner a hacer la comida", dice una niña de 10 años mientras camina hacia su casa junto a otras pequeñas. Todas llenaron los recipientes, sin costo, en un pozo comunitario que queda a un par de cuadras de sus viviendas.
Van sonrientes por las calles polvorientas y juegan con el líquido que para ellos es como un juguete nuevo. Lo es. Los dos pozos que surten el líquido fueron construidos e inaugurados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) el pasado 8 de agosto.
Ese día la gente vio brotar el agua potable de la tierra por primera vez. "Fue un día feliz, los niños jugaban debajo del chorro y los demás aplaudían. Es un alivio porque uno puede vivir con carencias, pero sin agua no sobrevive nadie y menos una comunidad que crecía todos los días y que en apenas tres años ya tiene más de 10 mil personas", cuenta Weimar Martínez.
Los pozos hacen parte de una acción humanitaria del Cicr para mejorar las condiciones de vida y sanidad en un asentamiento que creció sin control, tras una invasión masiva a un predio de 54 hectáreas, de propiedad de la Hidroeléctrica Urrá.
La invasión del 9 de agosto
Al sitio llegaron el 9 de agosto de 2010 los más desposeídos y desesperados por un lote. Y no faltaron avivatos con ganas de tierra, aunque tuvieran casa en el pueblo. Weimar, albañil de oficio, estaba en esa muchedumbre invasora de tres mil personas. Como la mayoría, "no tenía casa y vivíamos tres familias amontonadas en una vivienda de un familiar, sin intimidad".
Con miedo porque hubo riñas por un pedazo de tierra, pero decidido a tener su propio hogar, clavó cuatro palos y los cubrió con plástico. Luego tendió una hamaca para dormir y en ese cambuche pasó sus primeros días para cuidar el lote.
La primera noche en soledad, con frío y mucho miedo por las amenazas de desalojo, sintió alivio: "Pensé por primera vez que ahí podía levantar un hogar para darles a mis hijos una vida digna". Semanas después los escuadrones antidisturbios de la Policía intentaron cumplir la orden de desalojo y recuperar esos terrenos privados. A pesar de los gases lacrimógenos y los enfrentamientos, que dejaron una persona muerta, nadie abandonó el terreno.
Con el pasar de las semanas fueron "sumándose más familias de día y de noche", recuerda Weimar, que pronto empezaron a organizar la naciente comunidad. Reunió a otras personas y con cabuyas trazaron las cuadras, los lotes y las calles del nuevo "barrio".
Hoy es el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector La Victoria, uno de los nueve en que se divide el asentamiento. El líder relata que los nuevos habitantes "llegaban empujados por el déficit de vivienda de Tierralta, la pobreza o la falta de colegios en las veredas". En menos de un año ya eran unos cinco mil habitantes: Se convirtió en el barrio de los desplazados, las viudas y los huérfanos de los últimos 20 años de violencia de la guerrilla y los paramilitares, de los venteros ambulantes, de las chanceras y hasta de los damnificados de las olas invernales que destruyeron fincas y cosechas.
El "calvario" del agua
Pero las ansias de casa propia de miles de personas chocaron con la realidad de un asentamiento ilegal, sin energía, acueducto ni alcantarillado.
Valentín Palacios, ingeniero de agua y saneamiento del Cicr, explica que sin un manejo adecuado de aguas "pronto comenzaron las enfermedades como brotes de dengue, manchas en la piel, plagas, porque el agua de los pozos artesanales se contaminaba con aguas residuales".
El problema legal del lote impide que se legalice el sector, pero "el problema humanitario y de sanidad no daba espera", enfatiza Palacios. Conseguir el líquido se volvió una lucha diaria para Casilda Anaya, quien hace dos años llegó tras una inundación que dañó la finca donde trabajaba. A Tierralta llegaron hace más de 10 años desplazados por la violencia guerrillera y paramilitar en el Urabá antioqueño. Los habitantes debían caminar todos los días dos kilómetros para llegar a un pozo privado a comprar el agua para consumir y preparar alimentos. Cavaron también pozos artesanales para extraer aguas subterráneas, pero no era potable.
Pero ahora el panorama es otro, como dice Casilda agradecida por el pozo que ayudó a construir el Cicr. Ahora la comunidad reclama la legalización del sector para que ese líquido, la luz y todos los servicios públicos y ayudas del Estado lleguen hasta sus propias viviendas.
Quieren la "vida digna" que soñaron el día que la pobreza, la violencia y la necesidad de casa propia los obligaron a marchar a esa que, al principio, no parecía la tierra prometida.
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