Por una de esas insensateces o incongruencias en que suelen incurrir los gobiernos cuando están mal informados y peor aconsejados, hace algunos años se borró de la legislación colombiana la categoría de profesión de alto riesgo asignada al Periodismo.
Antes, por una decisión de la Corte Constitucional motivada en elucubraciones sofísticas, se resolvió que el Periodismo no era una profesión sino un oficio cualquiera, que no necesitaba estatuto legal (era la Ley 51 del 75) ni acreditación académica alguna. Por lo tanto podría practicarse sin competencias intelectuales y éticas ni asunción de la libertad con responsabilidad.
Tal disparate condujo entonces a que ese oficio cualquiera se borrara de la historia escrita desde los orígenes de la nación y de la lista de las profesiones de alto riesgo. Los leguleyos han presumido siempre que bastan un decreto, una providencia judicial o una orden inspectorial para cambiar la realidad. El alto riesgo se esfumó por arte de birlibirloque. No importa si los hechos contundentes de cada día prueban que hacer Periodismo implica un riesgo directo muy grave en Colombia y en el exterior, como lo enfatizan diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa y el derecho a la información.
Los que hace años aprendimos en la actividad diaria y nocturna del Periodismo puro y duro y afrontamos adversidades que ya casi nadie recuerda, sabemos lo que significan esas dos palabras alto riesgo y cómo, pese a la determinación temeraria de los funcionarios que las borraron de la terminología oficial, siguen muy grabadas (esas dos palabras) en la agenda informativa y en el cuaderno de bitácora de cada colega consecuente.
No he podido establecer cuál fue el destino de un proyecto de Ley que se presentó hace tres años en el Congreso, para devolverle al Periodismo la característica obvia, incuestionable, evidente, de profesión de alto riesgo y restituirle las consiguientes garantías laborales y de seguridad social.
Está claro que desde ninguna profesión deben reclamarse privilegios que pongan en desventaja a los demás ciudadanos, pero cuando las circunstancias que la rodean dejan en plena evidencia que su ejercicio comporta un alto riesgo, lo que se reivindica es un derecho sin el cual desaparecerían las garantías mínimas que merece para el trabajo entendido como servicio público.
Para que la condición de alto riesgo se restablezca, apelo a la capacidad argumentativa de las agremiaciones de periodistas, de las facultades de Comunicación, de los medios y de los ciudadanos conscientes de unos rasgos comunes a la realidad mundial de la profesión (vean lo que pasa en México, en Somalia, en Siria), a la que el Periodismo de este país ha aportado una cuota enorme de vidas y sacrificios. Aunque lo nieguen los desmemoriados, o los neoinquisidores.
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