Preocupa y aflige el declive de Bogotá. Mientras ciudades como Barranquilla o Bucaramanga viven épocas de prosperidad y avance económico, la capital de la República se sume en un desorden administrativo e institucional de inmensas proporciones, que afecta gravemente la calidad de vida de sus habitantes.
El síntoma más alarmante es el deterioro de las finanzas. Jaime Castro, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa lograron en sus administraciones estabilizar las arcas y financiar el progreso de la ciudad. Cada vez se conoce mejor el costo de la monumental corrupción en el gobierno de Samuel Moreno. Al que hay que unir los también enormes costos de la improvisación y de múltiples manifestaciones de populismo bajo el gobierno de Gustavo Petro.
Bogotá hoy es una ciudad endeudada que regala abundantes recursos. Su alcalde decretó subsidios al agua para estratos 1 y 2 (que pronto extenderá al estrato 3); y dispuso una rebaja de tarifas de Transmilenio. Uno y otro costaron más de 100.000 millones de pesos en 2012.
Hay que sumar los costos de cambios abruptos y sin sustento técnico de políticas y decisiones. Su proyecto de densificar la ciudad en 600 hectáreas del centro nunca despegó, pero además, las restricciones que impuso a las nuevas licencias paralizaron la construcción en Bogotá, lo cual crea desempleo, escasez y encarecimiento de la vivienda popular.
Es tristemente célebre lo sucedido en la recolección de basuras. La sola puesta en marcha obligó desembolsos por 66.000 millones de pesos en compras de equipos y 17.000 millones más en funcionamiento a la Empresa de Acueducto, que además incrementó 70 por ciento su planta de personal para asumir la comercialización y mantenimiento de las redes, otra aventura de estatizar tareas a cargo de particulares.
Samuel Moreno suspendió el Transmilenio por la Carrera Séptima, proyectado por su antecesor, Luis E. Garzón. Enterró con ello lo invertido en estudios y diseños para sustituir la obra por un Transmilenio ligero. Petro aportó un segundo tiempo a esa decisión y cambió en forma improvisada el Transmilenio ligero por un tranvía, sin considerar siquiera la armonía entre los volúmenes de pasajeros que mueven los dos sistemas. O que su antecesor ya había firmado los contratos para la construcción de Transmilenio y para el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp), cuya reversión representaría costos enormes para la ciudad.
Ahora regresa al proyecto del metro. Petro firmó un contrato por 70 mil millones de pesos con un consorcio colomboespañol para estudios técnicos y diseño de la primera línea. Transmilenio moviliza 47.000 pasajeros hora/sentido, un volumen superior al de la mayoría de metros en el mundo. La idea era construir Transmilenio en todas las vías posibles en Bogotá: mientras un kilómetro de metro cuesta 250 millones de dólares (eso costó el de Sao Paulo), en Transmilenio cuesta 20 millones de dólares, 10 veces menos. Con lo que costarán los 27 kilómetros del metro se harían 300 kilómetros de Trasmilenio, y mueve más pasajeros.
El propio alcalde Petro ha señalado el temor de ser destituido en las próximas semanas por el procurador General Alejandro Ordóñez debido al tema de las basuras. Avanza al mismo tiempo la revocatoria que promueve el congresista Miguel Gómez.
Siga o no Petro en su cargo, lo que ya es palmario es que las implicaciones de sus decisiones son en su mayoría irreversibles, comprometen el presente y el futuro de la ciudad y serán un lastre difícil de superar para su desarrollo.
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