El sistema de salud está quebrado, según coinciden en afirmarlo Alejandro Gaviria, ministro de la Salud, y Jaime Arias, presidente de Acemi, la agremiación que reúne a las principales empresas prestadoras del servicio.
La situación bien podría inscribirse en el tópico garciamarquiano de "una muerte anunciada", pues si bien el desastre se veía venir no se evitó.
A pesar de que durante los últimos gobiernos se han adoptado diversas medidas tendientes a ponerle freno al desangre, las cosas, en vez de mejorar, cada día son más graves.
Y resulta paradójico, pero la misma crisis del sector, por los 14,4 billones de pesos que las EPS les deben a hospitales y clínicas y los tres billones que, según ellas, les adeuda el Fosyga, es lo que en últimas podría impedir que la reforma sea aprobada en el Congreso. Para estructurar un nuevo sistema, eficiente y sostenible, es preciso resolver primero estos pagos.
Como lo señalan algunos expertos, las dificultades del sector no están asociadas a la viabilidad de los hospitales ni a las fallas de prestación de los servicios sino que responden a esta abultada cartera que pesa sobre los distintos actores.
En esto ha influido el grave problema de pago a las IPS generado por los recobros no-POS del Fosyga y las diversas ineficiencias del sistema.
Precisamente, para los debates en plenaria, el Congreso le ha pedido al Ministro de Hacienda que presente una fórmula para saldar las deudas, lo que no resulta fácil, pues diversas razones de orden operativo, legal y financiero a más de los casos de corrupción, son las causantes de ese monto casi impagable.
Tales dificultades han terminado afectando la liquidez de los distintos actores y han llevado a muchas de las entidades a la insolvencia.
Lo más irónico del caso es que, según un estudio reciente de Fedesarrollo, el problema del sector no es de recursos, pues estos crecen año tras año. Lo que se presenta, entre otras cosas, es una mala asignación y un inadecuado flujo de los mismos.
La situación que hoy padece el sector se ha venido gestando a través del tiempo. ANIF estima, por ejemplo, que las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en 2008 implican que el costo en salud pase de representar el 8 por ciento del PIB al 11 por ciento antes de 2020.
La entidad señala que las normas adoptadas durante los tres últimos años significarán adicionalmente que "la presión inmediata sobre el déficit en salud será por lo menos del 0,4 por ciento del PIB".
Sin embargo, si de verdad el Ejecutivo quiere impulsar el trámite de esta iniciativa, tendrá que hacer claridad en torno a la viabilidad fiscal y financiera de la reforma, para sacarla adelante, por encima de intereses particulares y de poderosos lobbys.
No resultará fácil. Y aquí quedará a prueba una vez más la voluntad política del Gobierno frente a una reforma que es prioritaria para el país, en un ambiente que no es el más propicio por el inicio de la temporada electoral. Y, de otro lado, con la presión adicional que implica la aprobación de la Reforma Estatutaria de Salud que define la salud como un derecho, el cual, sin duda, será exigible por los ciudadanos.
Pese a las buenas intenciones del Ministro Gaviria, parece haberse quedado solo en su propósito de estructurar un sistema de salud sólido, con principios de integralidad, blindado, en lo posible, contra la desviación de los recursos públicos y que responda a las necesidades de la población colombiana.
En un ambiente parlamentario incierto, el Gobierno debe estar pensando desde ya en cuál es el plan B o la salida alterna para evitar el colapso del sistema de salud.
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