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El precio del Bicentenario

05 de enero de 2010
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"Nosotros no podemos salirnos de la ley"
Beatriz Eugenia Fernández
Gerente (E) de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU

Cualquier proyecto que adelante la Empresa de Desarrollo Urbano debe estar ajustado a un marco jurídico y en este caso del Parque Bicentenario, la adquisición de predios está sujeta a la Ley 388 de 1997, que es una norma territorial de alcance nacional y no una ley hecha exclusivamente para Medellín ni para el Parque Bicentenario.

La norma contempla tres aspectos de estricto cumplimiento: lo social, lo técnico y lo jurídico.

Lo primero, entonces, es desmentir de que no se haya hecho un proceso de sensibilización del proyecto con la comunidad, pues existen las actas del 2 y 9 de diciembre de 2008, cuando se hicieron dos asambleas de carácter general, en las que se hicieron la presentación del proyecto, qué se iba a hacer, por qué se va a ejecutar, cómo se hará y toda la metodología para realizar la obra. Luego, sí hubo y seguirá habiendo un diálogo permanente con la comunidad.

Luego de ese proceso inicial, se llevaron a cabo reuniones específicas con los líderes de las tres manzanas que van a ser intervenidas, la 19, 20 y 30, realizadas el 5, 17 y 24 de febrero de 2009.

Después de esas dos etapas, el equipo social de la EDU hizo las visitas de rigor, casa por casa, para explicar los alcances del proyecto. Existen, de hecho, fichas sociales por cada casa del sector, que se levantaron con el fin de conocer detalles puntuales de esas familias, cuántos habitan la vivienda, su situación socioeconómica, grado de escolaridad, ingresos, y, sobre todo, en caso de realizarse el proyecto, ¿Usted para dónde planea trasladarse? Toda esta información es fundamental para acompañar todo el proceso de traslado de esas familias a otros sectores de la ciudad y, mejor aún, para la postulación al subsidio de vivienda.

El proceso de compra no empieza ni termina con un avalúo, pues nuestra responsabilidad es establecer la situación jurídica del inmueble que se va a comprar. Hay predios en sucesión, hipotecados, con deudas en el predial, en servicios públicos, y una cantidad de situaciones que hay que establecer antes de adquirirlos.

Nuestra regla de compra del predio es el avalúo comercial del mismo y no en lo que cada propietario pide por él. Nosotros no podemos desconocer la normatividad existente para tales fines y en todo esto proceso han participado la Oficina de Catastro y la Lonja de Propiedad, pues el Agustín Codazzi no tiene jurisdicción en esta capital para fijar avalúos.

Con esa información, la EDU ha hecho la oferta de compra y expedido los decretos de compensaciones para los inmuebles que han sufrido mejoras y para los de tipo comercial.

De 115 predios que están en las tres manzanas, 79 ya fueron notificados de la oferta de compra y 49 de ellos aceptaron. Ya fueron entregados 36, 24 de ellos ubicados en el tramo prioritario, donde avanza la primera etapa del Parque y esperamos terminar el próximo 20 de junio.


"Sólo pedimos que nos paguen lo justo"
Sergio Chaverra
Líder comunitario del barrio Boston

La primera gran verdad de todo este proyecto es que nosotros nunca nos hemos opuesto a la construcción del Parque Bicentenario y, de hecho, en estos momentos está en desarrollo el proceso de desmantelamiento, no de demolición como se ha dicho, de algunas de las viviendas que ya fueron negociadas con la EDU.

La posición de la comunidad es que no habrá demolición hasta tanto se negocien y se paguen los avalúos justos de todas las propiedades que están en el área de influencia del proyecto, que son tres manzanas y cerca de 108 casas, 42 de ellas con negocios comerciales.

La pretensión de quienes habitamos esta zona es que se pague bien el metro cuadrado de terreno de las propiedades y así se lo hemos hecho saber a la EDU, dentro de la mesa de negociación que tenemos con la Alcaldía y de la que además hacen parte el Concejo y la Personería.

El punto neurálgico de toda esta negociación ha sido que, según la EDU, las fichas catastrales de los predios en negociación no estaban actualizadas y sin embargo se comenzaron trabajos de desmantelamiento, que no aceptamos, porque se debieron hacer primero algunas etapas de socialización del proyecto y de concertación con la comunidad, sin tener ni siquiera un censo de la población afectada. En estos momentos, nosotros, según la EDU, hacemos parte de Boston y no de Caicedo.

Nuestra única petición es que se nos pague lo justo por las viviendas. En muchos casos, la EDU ofrece 30 millones por una casa que vale mucho más, si se compara con el precio del metro cuadrado de otra propiedad que está a escasos 10 metros de la que se quiere tumbar.

Las diferencias entre los avalúos que hizo la Lonja de Propiedad con los que han hecho otras firmas son grandes. Por ejemplo, una casa que la Lonja avaluó en 29 millones, otra firma le fijó un precio de 63 millones de pesos. ¿Cómo vamos a negociar en esas circunstancias?

La mesa de concertación en la que estamos participando ha sido clara en que existen aspectos fundamentales para continuar en la negociación: que se haga un avalúo justo de los predios, que se tengan en cuenta las compensaciones económicas por los efectos de tener que dejar la zona y el acompañamiento que se tiene que hacer a las personas que toda la vida han vivido aquí y de un momento a otro deben salir a otros sitios. Hay un daño a ese tejido social que, además, no es fácil tasar en dinero. Aquí hay personas, incluso, con problemas de discapacidad que no pueden ser tratadas como mercancía.

El diálogo está abierto, pero no podrá haber negociación sin un justo precio por nuestras propiedades o negocios y eso será un tema de debate permanente y con cada una de las personas afectadas, que son alrededor de 300.

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