La Ley de Restitución de Tierras es una política pública sin precedentes en el país. Por sus cualidades, ha generado mucha expectativa en el campesinado colombiano. Sin duda, representa un gran reto impulsado por el presidente Santos y cuyo costo es de grandes proporciones. Lamentablemente, todos lo sabemos, sus resultados han sido precarios. A los propios funcionarios encargados de ejecutarla, se les ha vuelto un “chicharrón”. La razón no se aleja de la idiosincrasia colombiana.
Décadas atrás, el 70 por ciento de la población del país vivía en el campo. Ahora esa proporción se ha invertido y se ha trasladado a la ciudad, donde la gran mayoría de habitantes vive en condiciones precarias.
Muchas son las razones que podrían esgrimirse, entre ellas, el desplazamiento provocado por las violencias que registra el país desde la época de la conquista hasta el día de hoy. El despojo de tierras a sangre y fuego por parte de los españoles contra los indígenas; las guerras civiles; el sangriento enfrentamiento entre liberales y conservadores; la llegada de la guerrilla, fundamentalmente de las Farc.
Ese contexto del conflicto, enmarcado en el panorama del agro colombiano, explica la razón por la cual para las Farc persiste el afán de resolver el problema de la tenencia de la tierra. Lamentablemente ese loable objetivo se degradó a tal punto que esa guerrilla terminó despojando a miles de campesinos de sus parcelas. Y, desde luego, la llegada de los paramilitares nos sorprendió terriblemente por sus métodos aberrantes. Fue una época de terribles cifras de muerte, violaciones, atentados y desplazamientos con el propósito de apoderarse de lo que no les correspondía.
Hasta hace un par de años no hubo un compromiso real para pagarles la deuda a las víctimas, no obstante los intentos del que más quiso hacerlo, hace 75 años: Alfonso López Pumarejo. Luego apareció Alberto Lleras Camargo y nada se pudo, ni siquiera las reformas agrarias. Ahora lo pretende hacer Santos, pero hasta la fecha los resultados son muy tímidos, a pesar de la férrea voluntad de hacerlo, ha encontrado numerosos obstáculos.
El más preocupante de esos obstáculos es el asesinato de aquellos que han liderado esa lucha y, como si fuera poco, el terror que sienten, los que quedan vivos, de acercarse a las oficinas del gobierno a reclamar sus derechos.
Es tan crítica la situación que, de seguir así, esta importante Ley está en riesgo de fracasar. Los líderes sociales temen ser delatados por algunos funcionarios del gobierno. Esta es la contrarreforma que, a sangre y fuego, están haciendo los grupos paramilitares. ¿En qué rincón de Colombia no tienen presencia? Aún siguen apoderados de miles de hectáreas.
De otra parte, el gobierno se ha enfocado en judicializar a propietarios reconocidos en las zonas que tradicionalmente son conflictivas. Pasa, por ejemplo, que le compraron legalmente al vecino un pedazo, y este malversó su plata. Ahora, los vendedores demandan que fueron objeto de amenazas. Y para ayudarles hay un cartel de abogados que, finalmente, termina quedándose con la tierra.
En Colombia se libra una batalla sin precedentes. De un lado están los campesinos que reclaman justamente y están siendo asesinados. De otro, los tenedores legales que son objeto de chantajes de abogados inescrupulosos o de paramilitares.
Gran reto tiene el gobierno para poner la justicia del lado que debe ser.
