La sociedad debe apoderar a las mujeres del control sobre su propio destino al derrumbar las barreras que les impone. La reforma a la educación superior debe contemplar una política integral de equidad de género para las universidades fomentando el progreso y la inclusión de las mujeres.
Los economistas usamos el término "techo de cristal" para describir las barreras invisibles e insuperables impuestas por la sociedad que les impiden a las mujeres y minorías escalar dentro de las organizaciones y ocupar altos cargos de dirección y liderazgo.
En la educación superior, las mujeres se "golpean" contra el "techo de cristal". Analizando 304 instituciones de educación superior (universidades, politécnicos, fundaciones y corporaciones universitarias) en Colombia, solo 55, o sea el 18,1%, tienen rectora o a una mujer dirigiendo la institución.
Las mujeres deberían tener mayor acceso a puestos de liderazgo en las instituciones de educación superior a sabiendas de que son ellas quienes más se gradúan con títulos universitarios y de posgrado.
Según el Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional, entre 2001 y 2009, el 57% y 55% de los graduados de pregrado universitario y especialización, respectivamente, son mujeres.
Además, de los programas de maestría y doctorado, el 44% de los graduados son mujeres. En una sociedad equitativa e incluyente estos números se reflejarían en los cargos de liderazgo en las universidades y demás organizaciones de la sociedad.
Sin embargo, este no es el caso y allí no para la inequidad. En promedio, los salarios de las mujeres graduadas con maestría en 2008 y que trabajan como dependientes (no por cuenta propia) son un 16,6% menor en comparación con los salarios de los hombres en esta misma categoría. En el caso de las graduadas con doctorado la diferencia es de 17,1%. Aunque estos datos no son concluyentes pues no tienen en cuenta otros factores que determinan los salarios de los individuos, sí son indicativos de las disparidades de género.
En el Área Metropolitana de Medellín la inequidad es mayor que a nivel nacional, pues solo el 14,8% de las instituciones de educación superior tienen a una mujer liderando el proceso educativo.
Si realmente queremos una sociedad democrática e incluyente es urgente que la transformación inicie por el sector educativo.
La reforma a la educación superior es una oportunidad enorme para empezar a fomentar la equidad de género en las universidades y crear una política integral en tal sentido que por fin garantice el derecho a la igualdad. Si no, las mujeres y minorías étnicas seguirán golpeándose contra un techo de cristal que pronto les puede caer encima.
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