Se propuso en la campaña electoral por el presidente Santos la eliminación de la reelección presidencial y esta es una medida que genera amplio apoyo en la opinión, con el rechazo de la oposición política de derecha.
Sin embargo, las mayorías de la coalición de gobierno y otras fuerzas políticas en el Congreso tendrían los votos necesarios para la aprobación de esta reforma a la Constitución.
Impulsar esta reforma constitucional conllevaría un proyecto de reforma focalizado en un par de artículos que precisará con claridad que se eliminaba de manera definitiva la reelección para los altos dignatarios del Estado, presidente de la República, contralor, procurador, fiscal y auditor general.
Esta reforma es posible de tramitarse sin mayores contratiempos y hacerlo en las dos legislaturas que establece la Carta Constitucional.
Pero actualmente lo que empezó a tramitarse en el Congreso, con el nombre de reforma para el "equilibrio de los poderes" va tomando la forma de una amplia reforma constitucional que toca aspectos de una reforma política -establecimiento de voto obligatorio, con todo lo que implica un debate de este tipo, porque no hay duda que aprobar el voto obligatorio conlleva forzar la participación y un prerrequisito de la misma es la libertad; unificar fechas para elecciones regionales y nacionales; el tema de lista cerrada de los partidos políticos al Congreso, entre otros aspectos- y de una reforma a la administración de justicia -Tribunal de Aforados para juzgar a altos dignatarios, modificando o suprimiendo la desprestigiada Comisión de Acusaciones de la Cámara, eliminación o modificación de funciones nominadoras de las Cortes para altos cargos del Estado, etc.- con el riesgo de dejar todo a mitad de camino y de convertirla en una reforma en la que cada congresista tratará de introducir el articulito que considera relevante.
Lo que alguien podría denominar una verdadera colcha de retazos, o peor aún un verdadero "frankestein" -recordar la malograda reforma a la justicia-.
No hay duda que el país requiere una amplia reforma política, que toque aspectos de fondo como la rama electoral, incluyendo desde composición y origen del Consejo Nacional Electoral; lo relacionado con partidos y elecciones, umbral, listas cerradas o con voto preferente; unificación de fechas electorales a nivel regional y nacional; origen de cada Cámara del Congreso; financiación de las campañas, etc.-, pero para que una reforma de esta naturaleza se haga bien es recomendable que el Congreso cree una Comisión de Expertos -congresistas, académicos, políticos- para que en un plazo breve, por ejemplo tres meses, elabore un proyecto de conjunto sobre el cual trabaje, previos acuerdos, el Congreso, pero en paralelo se puede y debe tramitar la iniciativa de reforma constitucional que elimine la reelección.
Algo similar sucede con una reforma de la administración de justicia, que debería ser concertada con miembros de la Rama Judicial, académicos, litigantes, congresistas y que debe conllevar no solo la estructura administrativa de la Rama Judicial, los denominados "choques de trenes" entre las Cortes, el tema sensible del Consejo Superior de la Judicatura y otros aspectos funcionales que, además y sobre todo, apunten a resolver problemas sentidos de los ciudadanos como el acceso a la justicia, la eficacia y la eficiencia de la administración de justicia, sin vulnerar la autonomía necesaria de la Rama Judicial.
Ojalá los congresistas tengan el buen juicio de centrar sus esfuerzos en sacar adelante la reforma para eliminar la reelección y abocar las otras tareas de manera más ordenada, quizá haciendo caso al adagio popular que dice, "del afán no queda sino el cansancio".
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