La noche del 2 de enero de 2010, los meseros de Café Ole, una exitosa cadena de restaurantes de Caracas, entregaron la cuenta a los clientes a las ocho y media de la noche. Era una sorpresa porque la mayoría no la había solicitado. Acostumbrados a cerrar en la madrugada, los encargados del local, ubicado en el lujoso centro comercial San Ignacio, se vieron obligados a despachar a los comensales antes de las nueve de la noche. Una disposición del Gobierno dejaría al local sin energía eléctrica después de esa hora.
A finales de diciembre, el Ejecutivo venezolano aprobó una disposición según la cual los centros comerciales sólo recibirían electricidad entre las once de la mañana y las nueve de la noche. Días después, luego de reunirse con los gremios afectados, el vicepresidente Ramón Carrizález suavizó la medida y permitió el funcionamiento de cines, restaurantes, supermercados, farmacias, estacionamientos y bares fuera de ese horario, debido al bajo consumo de electricidad.
La medida ha sido interpretada también como una ofensiva del presidente Hugo Chávez contra el consumismo y el hedonismo. Ya lo dijo el propio mandatario en su última columna semanal de 2009: el 2010 será el año de la radicalización.
Aunque el Gobierno tampoco perderá de vista que 2010 será un año electoral. Si es necesario echar atrás alguna medida con el objetivo de obtener réditos políticos, se hará. En septiembre se renovará el cuerpo de parlamentarios y la oposición aspira a lograr varios escaños.
"Los problemas del servicio eléctrico tendrán un alto costo político. El Gobierno podrá decir que necesita tomar medidas para racionar la energía debido al fenómeno El Niño, pero la lectura de la gente será sencilla: antes tenía electricidad, ahora no", dijo el analista político Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis..
"El Gobierno va a conquistar al electorado. La medida de suavizar el racionamiento de energía en los centros comerciales busca evitar el descontento que podría generar entre los electores", agregó.
Esta puntual capitulación del Gobierno no significará un retroceso general en el avance de la llamada Revolución Bolivariana. La ratificación de la diputada oficialista Cilia Flores como presidenta de la Asamblea Nacional y el ingreso de Darío Vivas, un oficialista de línea dura, a la directiva garantiza que el trabajo de los parlamentarios se centrará en la aprobación de leyes que apuntalen el proyecto del presidente Hugo Chávez.
"No veo una conciliación posible, porque Chávez conduce una revolución", afirmó el analista Ricardo Sucre. "Quizá pueda haber retiradas tácticas, como ocurrió con la decisión de suavizar las medidas contra los centros comerciales. Desde finales de año, el Gobierno está tratando de compactar a su base política, de 33 por ciento, de acuerdo con las encuestas, para garantizarse el apoyo y la victoria en las venideras elecciones. Es en ese contexto que deben leerse las medidas tomadas durante las intervenciones de ocho entidades bancarias y el bautizo de Obama como el nuevo Bush", agregó.
La agenda del Parlamento incluye la discusión y aprobación de leyes polémicas. Una de ellas, el proyecto de la Ley de Propiedad Social, implicaría el establecimiento de cinco tipos de propiedad y facultaría al Ejecutivo para tomar cualquier bien y declararlo de "propiedad social" cuando establezca que su "actividad productiva no esté orientada a satisfacer las necesidades reales de la población o no se corresponda con los intereses nacionales y el modelo socioproductivo".
"Nadie debe tener dudas. Este Parlamento trabaja para aprobar las leyes que necesita el gobierno del presidente Chávez", aseguró Carlos Escarrá, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el acto de instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional.
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