En una audiencia que se prolongó por más de cuatro horas Empresas Públicas de Medellín (EPM) adjudicó ayer al consorcio colombo-brasileño CCC Ituango, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H, estas últimas dos antioqueñas, el contrato de las obras principales de la central hidroeléctrica Ituango.
EPM explicó que el consorcio ganador tendrá la responsabilidad de construir en un plazo de 2.080 días (6,3 años) la presa, es decir un dique de 20 millones de metros cúbicos de roca y de 225 metros de altura, así como el vertedero, los túneles de conducción, las estructuras de captación y los túneles de descarga y la casa de máquinas subterránea que albergará las ocho unidades de generación.
La propuesta económica de CCC Ituango por 1,8 billones de pesos recibió diversos cuestionamientos por parte de los otros tres oferentes del proceso, la Unión Temporal Aoco y los consorcios Pescadero Ituango y OMS Ituango, durante la audiencia pública celebrada en el auditorio Himerio Pérez de EPM.
El gerente de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, aseguró que la empresa fue coherente con el proceso y respetuosa con el espíritu de la ley y los pliegos de la licitación.
“Mantuvimos siempre la prudencia durante el proceso, se le jugó limpio al país, a los proponentes y sigue dando ejemplo de liderazgo y de buen comportamiento en un país ávido de referentes como este Grupo Empresarial”.
Consultado sobre por qué ganó CCC Ituango la licitación, Calle manifestó que fue la sociedad que cumplió con la experiencia exigida y porque presentó la oferta económica más barata entre las propuestas consideradas.
El consorcio ganador
Entre las sociedades que integran CCC Ituango figura Camargo Correa, uno de los mayores grupos empresariales privados de Brasil y es la mayor constructora de centrales hidroeléctricas del mundo.
Opera en 20 estados brasileños, está presente en 17 países y emplea a unas 58.400 personas. El año pasado sus ingresos netos sumaron 9.270 millones de dólares.
Conconcreto, por su parte, construye proyectos de tipo industrial, comercial, institucional y de vivienda, así como plantas de producción, subestaciones eléctricas, silos deslizados, embarcaderos, grandes superficies, universidades, bibliotecas, clínicas, centros culturales y todo tipo de proyectos de vivienda.
La empresa colombiana ha acumulado experiencia en la ejecución de obras civiles y el montaje de equipos electromecánicos en grandes plantas para todo tipo de productos.
Con una trayectoria empresarial de 50 años, esta compañía ha trabajado en el sector hidroeléctrico desde hace 30 años, tanto en Colombia como en Panamá y con EPM ha estado presente en la construcción de las hidroeléctricas Playas, Guadalupe IV, Riogrande II, Niquía, La Tasajera, Bonyic en Panamá, Porce II y Porce III.
Otra cuota colombiana es la empresa Coninsa- Ramón H que cuenta con un amplio portafolio de servicios en diseño, construcción y bienes raíces y ha participado en grandes obras de infraestructura en el sector eléctrico y en tratamiento de aguas residuales, como la planta de San Fernando. De hecho estas tres empresas fueron las encargadas de construir Porce III, la hidroeléctrica que genera 660 megavatios y que entró en operación en 2011.
Se espera que en pocas semanas se perfeccione el contrato para que se inicien las obras, pues el cronograma del proyecto tenía previsto que éstas iniciarán al final de junio, por lo que la administración de EPM considera que “mientras más rápido se de inicio al contrato, mejor”.
La participación de las empresas antioqueñas auguran que buena parte de los 7.000 empleos que se generarán, durante los trabajos, provengan en su mayoría de los 12 municipios que hacen parte del área de influencia de la hidroléctrica.
También se prevé que en un futuro la zona logre un desarrollo turístico semejante a la represa de Guatapé, en el Oriente antioqueño, y la zona se constituya en otro foco de atracción.
Las observaciones
Fueron varias las inconformidades que plantearon en la audiencia los representantes de los consorcios OMS Ituango, conformado por las compañías Norberto Odebrecht, Mincivil y CSS (Hermanos Solarte); Pescadero Ituango, integrado por Andrade Gutiérrez de Brasil, la italiana Impregilo y Conciviles y la Unión Temporal Aoco de Acciona de España, OAS de Brasil, El Cóndor de Colombia y Obras Subterráneas de España.
La apoderada de Aoco, Bernardita Pérez Restrepo, criticó la forma cómo se condujo el proceso contractual y cuestionó la expedición de la Adenda 10, a pocos del día del cierre de la licitación, que negó la participación de Aoco en el proceso y calificó la actuación como inoportuna, porque modificó las condiciones que se habían establecido inicialmente.
Jorge Eduardo Chemas, representante de OMS Ituango, también se sumó a los cuestionamientos, alegó que se privilegió a CCC. Sostuvo que esa propuesta presenta falencias técnicas y que aún así fue la oferta ganadora.
En el momento en que EPM respondió las observaciones, Chemas y otros acompañantes expresaron su disgusto y se retiraron del auditorio.
Frente a los reclamos, el gerente de EPM se declaró tranquilo y descartó futuros procesos legales.
“Seguimos actuando de la forma que siempre lo hecho EPM, respetando los derechos de todos los oferentes, estamos tranquilos con el futuro y ahora nuestra preocupación es poder entrar a tiempo la central, que equivalen al 16 por ciento de la capacidad de energía de Colombia, y similares a la capacidad instalada desarrollada por EPM en 47 años de historia, el reto es gigante”.
El funcionario también planteó que para próximas convocatorias se incluirá una cláusula de comportamiento responsable. “Queremos, a futuro, por el bien de las empresas involucradas en estos procesos estándares de comportamiento ético y de respeto en los grandes procesos de contratación”.
Algunos de los representantes de los consorcios perdedores consultados por EL COLOMBIANO también desestimaron la instauración de demandas e indicaron que los mecanismos legales aplicados pretendían lograr que la participación fuera en igualdad de condiciones, y además que no es función de las empresas constructoras iniciar procesos judiciales.
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