"El periodo previsto para todos los desembolsos es de 18 meses y el primer desembolso se realizará antes de finales de este mes por 30.000 millones de euros", señaló el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en una rueda de prensa en el marco del Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE.
De Guindos aclaró que los 30.000 millones "es una cantidad que está inmediatamente disponible" y que constituye una "especie de colchón de seguridad" que se quiso adelantar.
Precisó, asimismo, que la inyección de capital podría realizarse "rapidísimamente" tan pronto se hayan determinado las necesidades concretas de capital de las entidades a finales de julio.
El ministro subrayó que sólo Finlandia pidió garantías con vistas a poder aprobar en los próximos días en su parlamento el memorando de entendimiento que fija las condiciones de la ayuda a España.
Aclaró que el país recibirá "todas las garantías" porque de lo contrario podría bloquear la entrega de ayuda a España, ya que las decisiones del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (Feef) requieren unanimidad.
La garantía o "colateral" no tendrá que cubrir el 100 por ciento de las obligaciones sino un porcentaje inferior y no será un acuerdo bilateral con el Gobierno español, añadió.
Entre las condiciones a España hubo exigencias a las entidades que soliciten ayudas, condiciones al sector financiero y a los supervisores y reguladores, así como determinadas exigencias financieras sobre la devolución de la ayuda.
Las entidades que soliciten asistencia tendrán que presentar un plan de reestructuración que deberá aprobar la Comisión Europea y establecer una quita para acciones preferentes, una medida que iría dirigida a que los accionistas preferentes asuman parte de las pérdidas de los bancos y se garantice una distribución equitativa de los costes para los contribuyentes.
"Esto supone que los bancos deberán contribuir a la reestructuración en la medida de lo posible con sus propios recursos y que se establecerán los mecanismos de rescate interno", añadió el ministro.
Se impondrán también restricciones a las remuneración de los directivos en línea con los decretos ley vigentes en España para entidades nacionalizadas y aquellas que recibieron apoyo financiero, y se crearán sociedades de gestión de activos inmobiliarios o "bancos malos" a los cuales se transferirán los activos "a precios razonables".
Estas sociedades tendrán capital y emitirán unos bonos que cumplirán las condiciones para ser elegibles acorde a los criterios del Banco Central Europeo (BCE) sobre colaterales.
En cuanto a las condiciones horizontales al sector, se exigirá disponer de un capital de máxima calidad de hasta el 9 por ciento, un requisito que, según el ministro, ya cumplen "la gran mayoría de las entidades españolas"; se reforzará el marco de gobierno económico de las antiguas cajas y se intentará incrementar su transparencia.
También se reforzarán y aclararán los poderes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y el fondo de garantía de depósitos y se mejorará la supervisión y se reforzará el papel del Banco de España.
Por último se reforzará la intermediación no bancaria. En concreto, el préstamo tendrá un vencimiento medio de 12,5 años y un máximo de 15 años, un periodo de gracia de alrededor de 10 años y un interés probablemente inferior al 3 o 4 por ciento.
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