Dentro de 15 días se volverá a votar por la terna para escoger Fiscal General de la Nación, porque ninguno de los candidatos cumplió este jueves el requisito mínimo de los 16 votos en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia.
En esta votación estaba incluido el nuevo candidato Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien obtuvo un total de 4 votos; mientras que Margarita Cabello logró 10 votos y Marco Antonio Velilla, 3 votos. Los 6 restantes fueron en blanco.
La exposión del nuevo ternado
Con conocimientos en derecho penal y propuestas frente a lo que haría en caso de ser elegido fiscal general de la Nación, el penalista Jorge Aníbal Gómez Gallego, se presentó ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Gómez aseguró que tiene el compromiso de que en caso de ser designado Fiscal General, seguirá con las investigaciones que se vienen adelantando en ese tribunal, en especial los de alto impacto social que lleva hoy el fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago y sus fiscales delegados.
A este punto el aspirante manifestó que los procesos que se están adelantando en el despacho de Mendoza Diago continuarán, e inclusive aseguró que serán llevados con mayor celeridad. En cuanto a los procesos que reposan en manos de los fiscales delegados, Gómez manifestó que estos funcionarios contarán con su respaldo y seguirán gozando de la autonomía de ley.
“Se les prestará toda la asistencia y colaboración que requieran para llevar a feliz término el hallazgo de la verdad, sin importar hasta dónde tengan que llegar, siempre con respeto por el debido proceso”, dijo Gómez.
Planes
"Colombia no tiene definida una política criminal”, dijo Gómez Gallego, quien además consideró que lo que hoy se conoce como política criminal ha obedecido a aspectos coyunturales y no a buscar las causas reales que general de los delitos y el fenómeno criminal.
“Obedece a la necesidad de satisfacer momentáneos intereses o de responder a presiones mediáticos, sin bases empíricas o científicas”, añadió.
Con base en esos argumentos, Gómez consideró que es la Fiscalía General la que debe intervenir en este punto. Para ello, manifestó que como fiscal presentaría proyectos de ley sustentados en aspectos científicos, detallados y directamente relacionados con los delitos. Esto, aclaró, se cumpliría de la mano del Consejo de Superior de Política Criminal.
Sistema penal
Un panorama nada agradable para el sistema penal fue el diagnosticado por Gómez Gallego, quien aseguró que éste estaba ad portas de colapsar. La masa de casos amenaza con llevar al sistema a un colapso, si no se toman medidas ágiles.
En este punto Gómez Gallego reiteró la preocupación que le genera la presencia de delitos contra la administración pública, terrorismo, afectación al DIH y otros como migrantes o corrupción.
Policía judicial
De cara a dicho panorama de delitos, el penalista propuso cambios en la policía judicial tanto en número como en calidad, pues de esto -dijo- depende el buen desempeño del sistema penal acusatorio.
Al respecto, Gómez consideró que los más de 23.000 integrantes de la Policía no han sido suficientes frente a la criminalidad, aspecto que resaltó al manifestar que cada investigador tiene entre 500 y 1.000 casos a su cargo, por eso, dijo que “aplicaría una reingeniería en criminalística”, la misma que se sumaría a la profesionalización de dicha actividad. Todo esto iría de la mano de la formación de los funcionarios en derechos humanos.
Al respecto, Gómez propuso un cambio en la manera de cómo y a quién los funcionarios rinden sus informes, todo para evitar filtraciones o manejos indebidos.
Lesa humanidad
Un duro pronunciamiento frente a este tipo de delitos hizo Gómez Gallego, quien reclamó de los jueces sanciones proporcionales al daño que se haya causado.
A la par reiteró la importancia que tiene para el país la verdad, la justicia y la reparación, pues dijo que “Colombia podrá pasar la página de este nefasto capítulo de su historia”.
En este sentido, reclamó de la Fiscalía prioridad para este tipo de delitos. La Fiscalía debe llevar a la justicia a los autores de estos hechos, pasando por sus determinadores, cómplices y autores. Para esto -dijo Gómez- crearía una fiscalía especial cuyo fin sería el determinar que las responsabilidades “provengan de donde provinieren, con la única limitación que pueda imponer la Constitución”.
Justicia y paz
La falta de agilidad en el trámite de estos procesos motivó a Gómez Gallego a proponer reajustes necesarios para generar cambios sustanciales. “El proceso de Justicia y Paz no está diseñado para que quienes se acogieron a ella se allanen a los cargos que ha descubierto la propia Fiscalía por sus labores de investigación”.
Esta ley lo que busca es que con el fin de llegar a la paz los postulados señalen de manera espontánea los delitos en que ha incurrido. En este sentido, el aspirante a fiscal consideró que es necesario eliminar la audiencia de imputación y formulación de cargos, pues se han vuelto repetitivas.
