Aunque suene paradójico, en Colombia el impuesto al consumo de tabaco (que actualmente es de $2.800 por paquete) financia el sistema de salud mediante el recaudo fiscal que se hace desde los departamentos. Es decir, el consumo de cigarrillo ayuda a sostener la salud del país.
De ahí que para el país sea menester que el comercio de este artículo sea legal y que el contrabando sea la principal amenaza a esos ingresos tributarios. Esa lucha ante el contrabando de cigarrillos, sin embargo, no va tan bien. Según los resultados del “Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia”, realizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la firma Invamer, publicado este año el consumo de cigarros ilegales en el país alcanzó el 36 % en 2024.
Esta realidad se expresa en que en los últimos cinco años la pérdida de recaudo alcanzó los $4,4 billones. Este escenario se replica en otros países de Latinoamérica que también gravan (poner impuestos) a este producto para financiar políticas públicas. Ese fue uno de los temas que se trataron la semana pasada en el Décimo Encuentro Latinoamericano Anti Contrabando (ALAC), organizado por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), llevado a cabo en Ciudad de Guatemala.
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Allí se abordó la problemática del contrabando, entre otros, como factor de preocupación para el orden público y la seguridad en la región.
En ese sentido, el gerente de Prevención de Comercio Ilícito para el Cono Sur de la tabacalera Philip Morris, Juan José Benítez, expuso que los ríos de plata ilícita que deja el contrabando de cigarrillo están financiando organizaciones criminales y terroristas en Latinoamérica.
Esto ocurre por el flujo de dinero constante que da esto a la par con otras actividades de lavado de activos por otros actos ilegales, lo cual se traduce en altas ganancias y poco riesgo. Y es que 3,5 de cada 10 cigarrillos que se consumen en Latinoamérica y el Caribe tienen origen ilícito, mientras que en el resto del mundo la tasa es de uno de cada 10. Es decir, en esta región se triplica el consumo ilícito respecto al mundo. Esos 3,5 cigarrillos ilegales se traducen, aproximadamente, en 79 millones de cigarrillos, que dejan ganancias con cifras escandalosas: hasta 18 billones de dólares que paran en las “arcas” de las organizaciones terroristas, según lo expuesto en el encuentro.
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La cifra anterior en pesos es de un número que ocupa casi un renglón: $74.329’920.000’000.016 (setenta y cuatro mil trescientos veintinueve billones novecientos veinte mil millones dieciséis). En contraste con esos ingresos para esas organizaciones, se expuso que los Estados de esta parte del mundo pierden al año cerca de 4,8 billones de dólares de recaudación fiscal por el contrabando.
En pesos esa cifra es $19.821’312.000’000.004 (diecinueve mil ochocientos veintiún billones trescientos doce mil millones cuatro). Según cifras de la Philip Morris (la tabacalera más grande del mundo), fabricar un paquete de cigarrillos ilícitos cuesta un promedio de 20 centavos ($825) y comprar un contenedor que tiene 10 millones de cigarrillos, que equivalen a 500.000 paquetes, cuesta 120.000 dólares ($495’532.800).
Vender esa cantidad de cigarrillos ilegales produce una ganancia de entre 1 y 2,3 millones de dólares (entre $4.129’440.000 y $9.497’712.000), según el país y al precio. Por estas jugosas cifras de ganancia es que, según la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, el contrabando de cigarrillos se transformó en los últimos 10 años en el principal ingreso y la principal fuente de financiación de los terroristas.
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En ese contexto, salió a colación el tema de los impuesto al cigarrillo: una estrategia que han usado distintos gobiernos para desincentivar su consumo, pero que está presentando un efecto boomerang contra los intereses de las naciones. La tesis expuesta al respecto es que si se incrementa demasiado este impuesto baja el recauso porque los consumidores mudan al cigarrillo de contrabando por una cuestión de precios más bajos.
Por ejemplo, en Colombia el precio promedio de una cajetilla (20 unidades) de cigarrillos ilegales ronda los $4.497, mientras que el de una legal alcanza los $11.067 (diferencia de $6.569). Esto produce que haya menos plata para financiar los programas y políticas sociales y, al tiempo, que suba el consumo de tabaco sin dejar billones de pesos al país.
Benítez expuso el caso de Brasil, en donde hubo seis años en los que no aumentaron ese impuesto. Como resultado, dijo, empezó a bajar el consumo ilícito de cigarrillos. No obstante, en noviembre del año pasado los aumentaron y volvió a tomar fuerza el comercio ilícito.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el gerente Juan José Benítez habló sobre esta problemática y qué camino se puede tomar para contrarrestarla.
