Liliana Pardo Gaona, exdirectora general del IDU, e Inocencio Meléndez Julio, exdirector técnico legal de la misma entidad de Bogotá, fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación para ejercer funciones públicas por 11 años por el escándalo del carrusel de la contratación en la capital de la República.
La Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá consideró que "Pardo Gaona no ejerció vigilancia y control sobre las actuaciones del director técnico legal, en quien recayó la delegación, evitando adoptar alguna medida tendiente a corregir las irregularidades que se venían presentando en esta materia, especialmente en la prestación de servicios para apoyo de la gestión administrativa".
En cuanto a Meléndez argumentó que "intervino en los procesos contractuales de prestación de servicios profesionales de abogados, en los que pactó y canceló honorarios exagerados, sobrepasando las tarifas máximas legales y reglamentarias establecidas por el IDU".
Ambos fueron cobijados con el fallo por considerar que hubo irregularidades en procesos de contratación celebrados entre 2007 y 2008.
Por tratarse de un fallo de primera instancia los afectados pueden apelar la medida.
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