La guerrilla de las Farc, que negocia con el gobierno nacional un acuerdo tendiente a la terminación del conflicto armado, reconoció este viernes que parte de los recursos económicos para su financiación provienen del cobro de un impuesto a los campesinos que cultivan en el país la hoja de coca.
El planteamiento lo hizo la delegación guerrillera en cabeza del jefe negociador, Iván Márquez, quien leyó un extenso comunicado en el que las Farc hablan del panorama que ha llevado al negocio del narcotráfico y sus responsables.
Frente al cobro de un impuesto a los cultivadores, las Farc sostienen que lo hacen como una forma de protección para éstos. “Nos vimos obligados a establecer un régimen de tributación y de regulación a las transacciones realizadas por los campesinos, siempre pensando en sus derechos, protegiéndolos frente a abusos de intermediarios y narcotraficantes”, indicó Márquez.
De la misma forma, el guerrillero reconoció que ese impuesto lo recaudan en varias zonas donde actúa esa insurgencia, aunque no precisaron las regiones.
“En muchos de los territorios campesinos en los que se han desarrollado los cultivos de hoja de coca, ha habido una presencia histórica de la guerrilla. En ellos avanzamos hacia la construcción de un nuevo poder y sentamos las bases de un Estado guerrillero en formación, en medio de la más intensa confrontación con las fuerzas militares del Estado”.
Indicó además que la construcción de acuerdos sobre el cuarto punto de la Agenda, tercero en la discusión, “demanda esfuerzos por superar caracterizaciones simplistas del problema, que pretendan reducirlo a un asunto de campesinos productores de ‘cultivos ilícitos’ frente a los cuales debe imponerse la política criminal del Estado”.
Para Márquez, algunos sectores del campesinado colombiano y comunidades indígenas “fueron empujados por la dinámica de la acumulación capitalista al cultivo de la hoja de coca”.
“Los campesinos encontrarían en la hoja de coca un cultivo alternativo que, además de no perecedero, gracias a un tratamiento básico, les brindaría la posibilidad de mejorar relativamente sus precarias condiciones de vida y de ingreso”, sostuvo.
El jueves cuando se inició el ciclo 17, Márquez dijo que la solución al tema del narcotráfico obligaba de un compromiso de la comunidad internacional, y planteó que el país debe saber quiénes en Colombia se han beneficiado de esos recursos e incluso hasta dónde llega la responsabilidad de expresidentes de la República.
“El problema de las llamadas drogas ilícitas debe abordarse como algo consustancial al modo de producción capitalista y, en especial, a sus formas criminales. Se trata de un negocio corporativo transnacional, cuya mayor expansión se origina en las demandas crecientes por nuevas fuentes de acumulación y rentabilidad, en el contexto de la crisis capitalista mundial de 1974-1975”, indicó.
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